Reunidos en la sede de ADEBA los principales dirigentes empresarios del país consideraron que “avanza sobre el derecho de propiedad”.

El Grupo de los Siete (G-7) que reúne a las principales entidades gremiales empresarias, emitió un comunicado tras su reunión de hoy en la sede de la Asociación de Bancos Privados de Cpital Argentino (ADEBA) en el que rechazan el proyecto de ley de distribución de ganancias entre los trabajadores porque consideran que es inconstitucional porque “avanza sobre el derecho de propiedad”.

La afirmación está en la misma línea de lo planteado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a un diario de negocios estadounidense, y profundiza la distancia de la cúpula empresaria con el Gobierno de Cristina Kirchner.

La iniciativa legislativa lleva la firma, entre otros, del diputado moyanista Héctor Recalde.

La reacción empresaria tiene la particularidad de contar con el apoyo activo del anfitrión de la reunión de hoy, el titular de ADEBA y del Banco Macro, Jorge Brito, duramente criticado en privado por sus colegas en razón de su estrecha relación con la Adminstración K. 

El comunicado del G-7 señala lo siguiente.

“En el día de la fecha tuvo lugar un nuevo encuentro de los Presidentes de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge H. Brito; Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; Cámara Argentina de la Construcción, Carlos E. Wagner; Sociedad Rural Argentina, Hugo L. Biolcati; Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi y Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, como había sido programado en la reunión anterior.

“El proyecto de ley de participación laboral en las ganancias y control sindical de los resultados fue la cuestión dominante del encuentro, por la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo.

“Los dirigentes pusieron de relieve que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone la consulta tripartita previa (Gobierno, trabajo, empleadores) y es un compromiso de rango constitucional asumido por Argentina, porque el acuerdo constituye un mecanismo indispensable para resolver toda cuestión como la planteada.

“A su vez, rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas.

“Hubo unanimidad de opiniones afirmando que esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos.

“Destacaron las entidades reunidas, que siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores.

“Y enfatizaron que, mediante acuerdos colectivos, se posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal convencionado hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real, posicionando los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten nuestros productos.

“Finalmente, todos coincidieron que este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos. Los asistentes ratificaron su confianza en el diálogo que tenga en cuenta circunstancias, marcos de colaboración y de productividad indispensables para un real crecimiento con empleo e inclusión social.