En plena tensión con el Gobierno por la Ley de Medios y la denuncia contra Santa Cruz, también tiene que resolver este caso.

Las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional pasan esta semana por su peor momento desde la tan mentada “renovación” K del máximo tribunal, que terminó con la “mayoría automática” que beneficiaba con sus fallos al menemismo en los 90 y llevó al cuarto piso de Talcahuano 550 a muchos nombres propuestos por la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo que tal vez por estos días no termine de perdonarse.

Por un lado está la marcha anunciada para el martes 28 frente al Palacio de Tribunales porteño con la excusa de respaldar la “Ley de Medios”, con miras a un recurso que tienen a estudio los ministros sobre la cláusula de “desinversión” que da un año de plazo a los multimedios para desprenderse de las empresas que ya no pueden administrar más. Y por otro, la catarata de declaraciones públicas cuestionando a los “supremos”.

Pero la Ley de Medios y los fallos por el ex Procurador de Santa Cruz y el caso Apablaza no son los únicos que matienen en vilo al Gobierno: por estos días, la Corte también tendrá en sus manos los destinos de Papel Prensa a nivel sociedad, más allá de la denuncia por delitos de lesa humanidad contra el CEO de Clarín, Héctor Magnetto y la directora Ernestina Herrera de Noble a punto de presentarse en la justicia platense, con pedidos de detención incluídos.

Lo que ya está circulando entre los ministros, que no tienen plazos para expedirse, es la apelación de la empresa fabricante de papel de diarios a la ratificación judicial de la decisión de la Secretaría de Comercio Interior que obliga a vender al mismo precio a periódicos grandes y pequeños, algo que hasta ahora no sucedía porque siempre se vendió con cotizacion preferencial a los accionistas privados.

La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la resolución 1-2010 de Guillermo Moreno y contra esto Clarín y La Nación ya llegaron a la Corte.

La semana pasada el titular del máximo tribunal del país informó a sus colegas en el acuerdo habitual de los martes sobre el ingreso del expediente “Papel Prensa S.A. c/Estado Nacional, Secretaría de Comercio Interior”, que podría enviársele primero al Procurador General de la Nación Esteban Righi, para que emita su parecer y luego comenzará a transitar el camino por cada despacho hasta llegar a una resolución.

Existe la posibilidad de que el máximo tribunal rechace entender en el asunto porque se trata por el momento, de una medida cautelar provisoria sin que la justicia de primera instancia se haya expedido sobre la cuestión de fondo.

Lo que todavía no llegó al máximo tribunal, pero se descuenta llegará a la brevedad, es la decisión judicial que puso punto final a la intervención de Papel Prensa propiciada por el Estado y revocada por la Cámara Comercial, que también sacó de sus cargos a los tres directores enviados por el Gobierno y dispuso reemplazarlos por sus suplentes. Se trató de un paquete de siete fallos firmados juntos y todos desfavorables al Gobierno.

Las decisiones fueron apeladas por el Procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha en representación del Ministerio de Economía y de la Comsión Nacional de Valores.

La Cámara Comercial resolvería esta semana si acepta los recursos extraordinarios y habilita la llegada del Gobierno a la Corte. Caso contrario, Da Rocha irá en queja al máximo tribunal, como último recurso.