Justicia rechazó el amparo de Luis Juez y senador K puede asumir

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La acción judicial impugnaba la maniobra del Frente de Todos, que dividió su bloque en la Cámara alta para que Martín Doñate ocupara un puesto por la segunda minoría.

La Justicia rechazó el amparo presentado por el senador Luis Juez (PRO-Córdoba) para que se ordene su designación en el Consejo de la Magistratura de la Nación luego de la maniobra del Frente de Todos (FdT) para que Martín Doñate ocupara ese lugar por la segunda minoría de la Cámara alta.

Allegados al senador cordobés anticiparon que apelará la resolución pero a criterio del tribunal la revisión de la designación hecha en el Senado “excede” la función del Poder Judicial.

Para designar a Doñate el bloque oficialista se dividió en dos y creo un interbloque oficialista, por lo que uno -el más numeroso- quedó como la segunda minoría. 

Esto fue objetado por el PRO, que días antes había propuesto a Juez como representante en el Consejo, por considerar que se trató de una maniobra del oficialismo para quedarse con un lugar en el organismo que designa y que sanciona magistrados, y que la concretó después de vencido el fallo de la Corte para integrar el organismo.

Los principales argumentos sostenidos por Juez, repasó el fallo, giran “en torno a la presunta extemporaneidad de la división del bloque del FdT – circunstancia que a su entender les resulta inoponible, por haber solicitado sus designaciones con fecha anterior– y, por el otro, a que dicha división ha sido realizada de modo fraudulento, por lo que resulta inválida”.

El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 Pablo Cayssials aclaró que “no se encuentra controvertido el hecho de que, conforme lo normado por el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, los miembros de dicho cuerpo tienen la facultad de organizarse en bloques – de dos o más miembros– de acuerdo a sus afinidades políticas”.

El fallo destacó la jurisprudencia que sostiene que “en las causas donde se impugnan actos cumplidos por otros poderes la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues ello importaría la invasión que se debe evitar”.

“Esto último resulta particularmente aplicable al caso de autos, pues admitir el planteo de los amparistas implicaría adentrarse respecto de la valoración de la temporaneidad o de la subjetividad de la partición del Bloque Frente de Todos, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes, poniéndose en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal– el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”, dijo Cayssials.

También citó jurisprudencia en donde se concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades. “Por los argumentos expuestos no puede más que concluirse que el rechazo de la demanda se impone por exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación”, afirmó.

El magistrado también citó el criterio de la fiscalía, que señaló que “no se configura en autos un supuesto en que pueda ceder la regla establecida por la CSJN sobre el control judicial de las facultades privativas de la HCSN del Congreso Federal”. Y añadió que que “sólo puede darse ante una actuación por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere; o cuando esas facultades exclusivas son ejercidas de modo distinto al que autoriza la norma suprema […]”, extremo que se no ocurre en autos, en tanto “[…] los actores objetan la actuación de la Presidencia de la Cámara en lo atinente a una cuestión que se encuentra regulada fuera de la Constitución y que excede los extremos reseñados, siendo propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada de la intervención judicial”.

En su fallo, el juez además reseñó que “la acción de amparo excluye aquellas cuestiones en las que no surge con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que el tema o los temas opinables o aquellos requeridos de mayor debate y aporte probatorio, son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes, ni faculta a los jueces a sustituir sus trámites y requisitos previamente instituidos, ni los autoriza a irrumpir en asuntos extraños a la jurisdicción que por la ley tiene conferida”.

Y, “dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse –como se expresó anteriormente– sin necesidad de mayor debate y prueba. Esto es, el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado”.

En otro juzgado, está pendiente la resolución sobre el amparo solicitado por el jefe de la bancada del FdT en Diputados, Germán Martiínez, para oponerse a la designación de la radical Fernanda Reyes en representación de la Cámara Baja, que realizó el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa.

El Consejo de la Magistratura, bajo la conducción de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, comenzó a funcionar esta semana con 18 miembros porque falta tomarle juramente a dos: los representantes del Senado y de Diputados.

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