Por cortes de luz, el Gobierno multa a Edesur con 239 millones y le pone una veedora

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La decisión se tomó, según el ENRE, para “evitar la repetición de eventos de esta magnitud”, en referencia a la interrupción del servicio que sufrieron decenas de miles de usuarios a fin de año.

El Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), colocó una veedora en la distribuidora eléctrica Edesur tras los cortes de luz de fin de año, por los que la multó por más 239 millones de pesos.

“Desde la Intervención del Enre, como consecuencia de los masivos cortes de suministro prolongado que persisten en la concesión de la empresa distribuidora Edesur, se designó una veedora con el fin de controlar la información a la constante sobre la operación de los cortes. Asimismo, y mediante la misma, se pretenden evaluar las medidas futuras que se tomarán desde el Ente”, explicó el ente regulador en un comunicado para informar la llegada de Silvia Carmen Merzi como veedora a Edesur.

La decisión se tomó, según el ENRE, para “evitar la repetición de eventos de esta magnitud” (como los cortes).

“Como veedora, Merzi tendrá plenas facultades para fiscalizar y controlar todos los actos que hacen a la gestión técnica y comercial que realiza Edesur en la prestación del servicio público de Distribución de energía eléctrica. Asimismo, será designada por el plazo prorrogable de 45 días o lo que resulte necesario hasta que la prestación del servicio se encause en los estándares establecidos en el mencionado Plan y en las normas de calidad definidas en su contrato de concesión”, agrega el comunicado oficial.

Las nuevas sanciones contra Edesur fueron comunicadas a través de las Resoluciones ENRE N° 1 y 2/2022 y, según detallaron, son en razón de los incumplimientos verificados respecto de obligaciones establecidas en su contrato de concesión y en la Ley N° 24.065.

Como consecuencia de los incumplimientos registrados en distintas inspecciones realizadas, se aplicó una multa con destino a usuarios equivalente a $239.288.018.

Esa millonaria cifra se desgrana en dos sanciones diferentes: la primera, de $105.514.298, por incumplimiento en el deber de informar las interrupciones de servicio; y la segunda, de $133.773.720, por la atención de las oficinas comerciales, ya que en ENRE consideró que se incumplieron las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, respecto del “trato digno a las personas usuarias”.

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