El caso Fibertel ya está en Tribunales

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Un abogado presentó hoy la primera medida cautelar contra la caída de la licencia de Fibertel, pero otro, constitucionalista, sostiene que una decisión así debe pasar por el Congreso.

Antes del cierre del horario tribunalicio de hoy se repitieron las denuncias judiciales por la decisión del Gobierno de declarar la caducidad de la licencia de Fibertel.

El debut fue para un abogado madrugador, Matias Joaquin Robirosa, en su calidad de usuario de la empresa. El letrado pidio el dictado de una medida cautelar como “particular damnificado” para que se deje sin efecto lo resuelto hasta que haya una decisión de fondo referida a la validez o no de la medida.

La decision quedó en manos de la juez en lo Contencioso Administrativo federal Liliana Heiland, pero el letrado advirtió que “los ciudadanos son víctimas de una lucha que les es ajena” por una decisión gubernamental “ilegítima y arbitraria”.

Pero los dos planteos que quizás tengan mayor peso en los estrados judiciales ingresaron a media mañana: una “acción de clase”, es decir, un amparo colectivo del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre el cual entenderá el juez de primera instancia Ernesto Marinelli.

Para el abogado hay violación a la libertad de expresión en base a la ley 26.032 que establece “que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

Esta ley, paradójicamente, fue promulgada el 16 de junio de 2005 en la presidencia de Néstor Kirchner.

También se habló de una medida “desproporcionada” porque el Estado podría haber recurrido a caminos intermedios y “menos lesivos” para con la empresa en infracción, manteniendo las prestaciones.

Y el punto más polémico: el constitucionalista sostuvo ante el juez que una medida de este tipo debe ser abordada por el Congreso Nacional.

En el plano de la Justicia federal, el abogado Isaac Wieder denunció al ministro de Planificacion Julio De Vido ante el juez federal Claudio Bonadío por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público” y por cometer delitos “contra la seguridad de los medios de comunicación”.

“Es materialmente imposible que las dos empresas restantes (proveedoras de internet) puedan absorber en un tiempo muy limitado un 40 por ciento más de abonados cada una. Irremediablemente miles de ciudadanos se quedarían sin internet, que es lo mismo que se les cortara la luz por tiempo indeterminado”, comparó.

Ahora los magistrados del fueron contencioso administrativo tendrán que resolver si siguen cada causa por separado o unifican en base a la demanda que ingresó primero. Y en el caso de Bonadío, dará vista a la fiscalía federal para que dictamine si eventualmente hay delito y si corresponde impulsar la pesquisa o la descarta de plano.

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