La oposición logró un agónico acuerdo para tratar hoy en Diputados el proyecto que eleva la jubilación mínima, pero las diferencias por la normalización del INDEC parecen insalvables y podrían dejar a la sesión sin quórum.

Los principales referentes de la oposición legislativa lograron un acuerdo de último momento que les permite garantizar el quórum reglamentario para poder avanzar en el proyecto que establece el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas en la Cámara de Diputados.

No fueron los viajes de los legisladores lo que pusieron en riesgo la sesión sino las diferencias que las bancadas de la oposición tienen respecto al proyecto para normalizar el INDEC. Estas discrepancias, que parecen insalvables, podrían producir que la sesión se interrumpa por falta de quórum después de votar la iniciativa que eleva los montos mínimos de las jubilaciones.

Tanto el sector del centro-izquierda liderado por Fernando “Pino” Solanas como los que se identifican con la bancada del PRO, que preside Federico Pinedo, se oponen a lo aprobado por el Senado. Cuestionan el plazo que la Cámara alta estableció para la normalización del instituto, como que ese proceso se realice bajo la autoridad de la gente de Guillermo Moreno.

En cambio, tanto los radicales como los integrantes de la Coalición Cívica consideran que el dictamen que aprobó el Senado “es lo posible”. El senador Ernesto Sanz lo admitió públicamente cuando dijo que más allá de las críticas al proyecto “esto es lo que podemos aprobar”. Dijo también que cuando el radicalismo intentó modificar el tiempo de normalización e incorporar a los despedidos por el kirchnerismo, algunos senadores que se habían comprometido a acompañar la iniciativa le adelantaron que no votarían esas modificaciones y que hasta ponían en peligro la continuidad de la sesión ya que amenazaban con levantarse de sus bancas.

La debilidad que la oposición tiene en el Senado influye ahora en el debate que tienen los diputados. La discusión entre lo ideal y lo posible divide aguas y seguramente postergará la normalización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.