La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció este martes que no será “candidata a nada” en las elecciones de 2023 para no ser “mascota de (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto” ni complicarle la campaña al peronismo, tras conocerse su condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, que según ella “estaba escrita” de antemano por lo que consideró “un Estado paralelo y mafia judicial”.

Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, ocho años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

Además, la titular del Senado señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía “manejo de las leyes que son aprobadas” por el Poder Legislativo y marcó que “el presidente de la república tampoco administra el Presupuesto”.

“Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, se defendió a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un “‘lawfare’ ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.

Para CFK, la “confirmación” de esa situación fue la filtración de un viaje de funcionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, que por el “hackeo” del celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, sacó a la luz como los involucrados habrían implementado estrategias para que la prensa no publicara el viaje y buscado inventar pruebas para justificarlo en caso de que el tema avanzara en la Justicia.