La vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada este martes a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ser encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta” en el juicio oral por el desvío de dinero de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país. Así, los condenados no tendrán que cumplir inmediatamente con las penas.

Por su parte, el empresario Lázaro Báez recibió una pena de seis años de prisión por ser “partícipe necesario” del delito de “administración fraudulenta”, al ser el favorecido con el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de la provincia patagónica para luego pagar “retornos” de dinero.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dieron a conocer la sentencia de la llamada “causa Vialidad” bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.

El exministro de Planificación Julio De Vido durante los 12 años en los que se encontró el delito de “administración fraudulenta” fue absuelto.

En el caso del exsecretario de Obras Públicas José López, la condena del TOF2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

Cristina Kirchner y el empresario y dueño de la firma “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, enfrentaban un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado también la “inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos” para funcionarios y exfuncionarios acusados. Pero todos los procesados fueron absueltos por el cargo de “asociación ilícita”.

El exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti recibió una condena de 6 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la sentencia dictó cuatro años para Mauricio Collareda y cinco años para Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para los exfuncionarios de Vialidad en Santa Cruz Héctor Daruich hubo 3 años y medio y uno más para Raúl Pavesi, en tanto, se condenó a cinco años a José Santibáñez, extitular de Vialidad Santa Cruz.

En cuanto al exsubsecretario de Obras Públcias Abel Fatala y a Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Planificación, ambos fueron absueltos.

La defensa de la exmandataria había reclamado la absolución y denunció que la fiscalía cometió “prevaricato”, al acusar por hechos “inexistentes” e incurrir en “falsedades”.

El juicio

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de “perjuicio económico”.

Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas “maniobras” para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.

En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.