La unidad de la Confederación General del Trabajo (CGT) parece que no durará más que un año. La gota que amenaza con ser la que rebalsó el vaso fue el comunicado de la central obrera en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que recibiera un pedido de 12 años de prisión en la causa Vialidad.

El martes pasado, la CGT consideró “un show mediático” la acusación del fiscal Diego Luciani y sostuvo que “un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita” y que “no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Kirchner” con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

“Esos comunicados deben estar firmados por los tres titulares y no por el consejo directivo”, señaló una fuente de la CGT al portal iProfesional, que agregó: “Toman decisiones sin consultar al conjunto de los integrantes cuando ya se discutió que estos temas deben estar consensuados”.

Carlos Acuña es uno de los integrantes de conducción de la central obrera, el de mejor relación con los gremios alineados con el histórico sindicalista Luis Barrionuevo. Ese sector, junto con los gremios que conformaron la CGT Azul y Blanca y los ferroviarios de La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), más los empleados de Comercio de Armando Cavalieri y los municipales porteños de Amadeo Genta amenazan con dejar la conducción del edificio de Azopardo al 800.

El año pasado, la unidad de la CGT se dio con el regreso del moyanismo al seno de la conducción. El poder de movilización de Camioneros siempre alentó a Hugo Moyano a liderar los reclamos sindicales o a apaciguarlos, según su conveniencia política. Por eso, también generó molestia que su hijo Pablo realizara un acto propio dentro de la movilización del pasado 17 de agosto contra los “formadores de precios” y “la inflación” pero en apoyo al Gobierno del presidente Alberto Fernández.

Obras sociales sindicales

Otro punto que genera rispideces que van más allá del ego o el protagonismo de los protagonistas es el dinero de las obras sociales sindicales. Y el problema es el recorte que planea aplicar el ministro de Economía, Sergio Massa, para llegar a las metas planteadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Fondo Solidario de Redistribución (FDS), sin recortes tendría un déficit financiero de las obras sociales de 50.000 millones de pesos en diciembre. Y si no hay aporte del Estado… “se quiebra el sistema de obras sociales”, le advirtieron sindicalistas cercanos a Massa.

El año pasado, Alberto Fernández aseguró que 11.400 millones de pesos se destinarían al FSR para los reembolsos frente a servicios de alto costo y complejidad de los pacientes de las obras sociales. La central obrera sostiene que sólo se ejecutaron $6.400 millones como aporte extraordinario del Tesoro.

Con todos los resquebrajamientos que se generaron con esa unidad casi a la fuerza en 2021 para acompañar al Gobierno en la salida de la pandemia en busca de la reactivación económica, las grietas políticas se fueron tapando con el pasar de los meses. Pero las tesorerías de las obras sociales son las que amenazan con derrumbar la endeble estructura de la central obrera. Otra bomba que Sergio Massa intentará desactivar.