Stornelli pidió la indagatoria de los abogados de Defensa por las tierras del Ejército cedidas a mapuches

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El fiscal federal Carlos Stornelli le pidió a un juez que indague a los abogados del ministerio de Defensa por la apelación fuera de término que presentaron en el caso del reconocimiento de la propiedad de las tierras del Ejército a una comunidad mapuche de Bariloche.

El funcionario judicial sospecha que no fue un error de los letrados sino una práctica para “favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales” con lazos con el terrorismo internacional o la narcocriminalidad

El texto del dictamen del fiscal, dirigido al juez federal Daniel Rafecas, no fue difundido pero hubo párrafos que fueron filtrados a la prensa.

Las tierras en cuestión están sobre la ruta 82 y allí vive desde hace décadas la comunidad Millalonco-Ranquehue, que logró un fallo favorable en su reclamo de reconocimiento de parte de la jueza federal de Zapala (subrogante en Bariloche) Silvina Domínguez. El Ejército apeló ante la Cámara Federal de General Roca, pero ese recurso fue rechazado porque entró fuera de los plazos procesales.

Stornelli acusa de violación de deberes y prevaricato a Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al ministerio de Defensa en la causa; a Nicolás Rodríguez Vaccarezza, Leonardo Havela y Agustín Gasparini (abogados de esa cartera); y a Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En un sistema interno del ministerio a cargo de Jorge Taiana, Stornelli halló varias comunicaciones y en una de ellas, Rodríguez Vaccarezza le avisa a Vázquez: “Ya me bajaron la orden de no apelar; cualquier cambio de rumbo le aviso”.

En otro mensaje Rodríguez Vaccarezza le advierte a Vázquez: “Doctora, recién me llamó el director de asuntos jurídicos del ministerio. A pedido del Ejército quiere que apelemos la sentencia. Le pido que esté atenta ya que en algún momento del día o inclusive en el fin de semana le voy a enviar la apelación”.

Las tierras donde viven los Millalonco-Ranquehue están fuera del predio de la Escuela Militar de Montaña, al que Stornelli describió como “el único y distintivo complejo educativo de nivel internacional que el Ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto disponen en la cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña”.

Las sospechas se dirigen a que existiría “una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas deliberadamente pergeñadas para favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener lazos con estructuras terroristas internacionales o ligadas a la narcocriminalidad”.

Stornelli le habría pedido al juez que autorice el pedido de “todos los antecedentes documentales que pudieran estar relacionados con el grupo u organización denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), con Facundo Jones Huala, con la CAM (Coordinadora Arauco Malleuco), como así con posibles denuncias administrativas y/o judiciales, expedientes o actuaciones administrativas”.

La Justicia anuló resolución que reconocía propiedad de varias hectáreas a los mapuches.

El fiscal también quiere saber de “la existencia de causas penales que pudieran tramitar o haber tramitado por hechos de violencia o usurpaciones de propiedades públicas o privadas en la Patagonia argentina con posible participación o intervención de los mencionados”.

No lo dice pero por los párrafos que trascendieron del dictamen hay un intento por llevar las causas que se tramitan por ocupaciones o reivindicaciones territoriales en la Patagonia a los tribunales federales de Buenos Aires

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