Uruguay: ¿una centroderecha exitosa?

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Por Verónica Pérez Bentancur

En marzo de 2020, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), Uruguay, al igual que otros países de América Latina, giró a la derecha. En la segunda vuelta electoral de 2019, Luis Lacalle Pou, a la cabeza de la Coalición Multicolor (centroderecha) venció por estrecho margen al candidato del FA Daniel Martínez. Desde los inicios de su gobierno, Lacalle Pou tuvo altos niveles de aprobación en la opinión pública. Si bien a medida que ha avanzado su mandato su aprobación ha disminuido, a dos años y medio de iniciado su gobierno la aprobación presidencial ronda el 50% y el saldo neto entre aprobación y desaprobación sigue siendo positivo. En la actualidad, Lacalle Pou es uno de los presidentes más populares de América Latina. Este hecho puede sugerir que la actual centroderecha gobernante tiene las «manos libres» para imponer su agenda, gobernando sin demasiados constreñimientos. Paradójicamente, la simpatía hacia el presidente no parece trasladarse en forma lineal en apoyo electoral. En los hechos, Uruguay sigue siendo un «país de mitades». Del otro lado, Lacalle Pou enfrenta a una izquierda política resiliente y a organizaciones sociales poderosas que representan una amenaza para la imposición de una agenda liberal en lo económico y conservadora en lo social.

El país de las mitades

Desde 2004, cuando el FA ganó las elecciones por primera vez, se ha señalado que el sistema político uruguayo funciona en un formato de dos bloques político-ideológicos. A su vez, ambos bloques están conformados por partidos fuertes que han sabido adaptarse para responder a los desafíos de los cambios sociales y económicos. El bloque de izquierda es en realidad un monobloque integrado por el FA, que contiene en su interior a una variedad de partidos. El bloque de centroderecha, en cambio, ha estado integrado tradicionalmente por el PN y el Partido Colorado (PC), los partidos históricos, y desde de 2019 por un tercer actor: Cabildo Abierto, ubicado en la derecha radical.

En la primera vuelta electoral de 2019, si bien el FA fue nuevamente el partido más votado (obtuvo 39% de los votos) también sufrió un duro revés respecto a las elecciones de 2014, reduciendo su votación en más de 8 puntos porcentuales. Por el contrario, los partidos de centroderecha considerados en su conjunto consiguieron mejores resultados que en la primera vuelta de 2014: el PN obtuvo 28,6% y los colorados 12,3%, mientras la gran sorpresa fue Cabildo Abierto, que, pese a ser un partido nuevo, obtuvo 11% de los votos. Así, la derecha dura obtuvo la mejor votación obtenida por un cuarto partido desde el retorno de la democracia en 1985. Dado que ningún partido alcanzó la mayoría absoluta debió celebrarse una segunda vuelta. Ante esto los partidos del centro y la derecha conformaron una alianza electoral y programática para arrebatarle el gobierno a la izquierda.

Si se proyectaban los resultados de la primera vuelta sobre la segunda, la ventaja de Luis Lacalle Pou parecía cómoda: los partidos de la Coalición Multicolor, considerados en conjunto, habían obtenido 56% de los votos válidos en la primera vuelta y, además, tenían mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, en la segunda vuelta Lacalle Pou no logró retener los votos que la centroderecha había obtenido en la primera vuelta. El resultado final fue de «empate». Aunque Lacalle Pou resultó vencedor, la diferencia con el candidato del FA fue de tan solo 37.042 votos (1,6 % de los votos válidos).

En la segunda vuelta, el FA había desarrollado una campaña territorial apoyada en su extensa estructura de comités de base. Esta campaña denominada «voto a voto» consistió en desplegar a militantes y adherentes frenteamplistas de forma organizada en barrios y localidades de todo el país, en actividades cara a cara. Si bien no es posible saber si fue esta estrategia lo que permitió achicar la brecha con la derecha para la segunda vuelta, lo cierto es que la izquierda mostró capacidad de reacción ante el mal resultado de la primera vuelta, y pudo canalizar, con un sentido estratégico, la adhesión espontánea de muchos simpatizantes. Al otro día de la segunda vuelta, para los frenteamplistas, la derrota no tenía un sabor tan amargo, mientras para la derecha el escaso margen de victoria sobre la izquierda no era el resultado esperado.

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La agenda de Lacalle Pou y la pandemia

Desde su gobierno, Lacalle Pou ha intentado llevar adelante una agenda liberal en lo económico y conservadora en lo social. En lo económico, Lacalle Pou asumió con la promesa de disminuir el déficit fiscal (cuando llegó al gobierno este representaba 5% del PIB), promover el crecimiento (el PIB estaba estancado en el final del tercer gobierno del FA) y crear puestos de trabajo (el desempleo se encontraba en torno a 10%). Al mismo tiempo, la coalición gobernante prometía no aumentar impuestos y tarifas públicas, mantener el poder de compra de los trabajadores, así como las políticas sociales desplegadas durante los gobiernos del FA. En el ámbito de la seguridad pública, la Coalición Multicolor prometió combatir el crimen, uno de los puntos débiles de los gobiernos del FA. En lo referente a la llamada agenda de derechos, Lacalle Pou afirmó que su gobierno era «provida», y Cabildo Abierto, así como algunos integrantes del PN, se declararon en contra de una supuesta «ideología de género». No obstante, Lacalle Pou prometió no derogar la variedad de reformas adoptadas en este tema durante los gobiernos del FA (entre ellas, la ley que despenalizó del aborto, la ley de matrimonio igualitario, la Ley Integral para Personas Trans o la ley que reguló la producción y venta legal de marihuana).

La primera parte del gobierno de la Coalición Multicolor estuvo pautada por la gestión de la pandemia. El primer caso de covid-19 apareció el 13 de marzo de 2020, apenas iniciado su gobierno. A diferencia de lo ocurrido en otros países, el primer tramo de la pandemia benefició al gobierno y alargó su «luna de miel». El nuevo presidente apeló a «la libertad responsable» y se respaldó en un comité de científicos de alto nivel. En Uruguay no hubo cuarentenas obligatorias, aunque la movilidad se redujo sustancialmente, en tanto buena parte del sector público, la educación y muchas empresas pasaron al régimen de teletrabajo.

Durante el primer año de pandemia, la cantidad de casos y de muertes por covid-19 estuvo controlada y fue baja en comparación a otros países. El gobierno extendió los subsidios por desempleo y reforzó algunas transferencias hacia los sectores de menores ingresos. Pese a esto, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), Uruguay fue uno de los países latinoamericanos que menor esfuerzo fiscal hizo para paliar la situación del covid-19. Al mismo tiempo, cuando se inició la pandemia Uruguay tenía una de las matrices de protección social más robustas de la región, producto del aumento sostenido del gasto social durante los gobiernos del FA. En este sentido, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue una piedra angular en la gestión sanitaria de la pandemia.

En el ámbito de la política laboral, la negociación colectiva se mantuvo, pero el salario real cayó desde el inicio del gobierno, aún luego de que el país retomara la senda del crecimiento. A esto contribuyeron las pautas salariales restrictivas presentadas por el Poder Ejecutivo en los Consejos de Salarios, así como el hecho de que ante desacuerdos entre sindicatos y empresarios en estos ámbitos el gobierno votara sistemáticamente junto a estos últimos. Junto con la pérdida de salario real, también aumentaron los niveles de pobreza. En el ámbito de las políticas sociales, las transferencias monetarias se mantuvieron, pero acompañadas de rediseños en su gestión a partir de preocupaciones por su eficiencia y focalización, bajo la sospecha liberal acerca de cómo se asigna y usa la asistencia estatal por parte de los pobres. En cambio, el gobierno afectó el Sistema Nacional de Cuidados, una de las políticas sociales modelo del tercer gobierno del FA. Mediante la creación de un sistema de cuidadores personales y ampliación de los centros de cuidados para niños y niñas de 0 a 3 años, el Sistema Nacional de Cuidados había ampliado derechos a personas dependientes y a mujeres, principales encargadas los cuidados de personas dependientes. El Sistema Nacional de Cuidados fue calificado por el número dos del Ministerio de Desarrollo Social como una política de «país rico», y rápidamente se disminuyó su jerarquía institucional y presupuesto. El recorte presupuestario también alcanzó a los rubros vivienda y educación, en particular, a la Universidad de la República, la principal universidad del país.

La batalla por el referéndum

Una de las leyes más importantes del período fue la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley extensa que abordaba diversas materias (un verdadero programa de gobierno) que el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento el 23 de abril de 2020. El proyecto tenía 501 artículos que abarcaban una gran cantidad de temas. Casi la cuarta parte de los artículos se concentraron en asuntos de seguridad pública y «mano dura», en particular sobre el aumento de penas y de la discrecionalidad policial. Además, entre otros temas, la LUC flexibilizó la ley de inclusión financiera que había colaborado a formalizar la economía y combatir el lavado de activos e incluyó cláusulas restrictivas al derecho de protesta.

La LUC fue criticada desde el FA y las organizaciones sociales y sindicales no solo porque muchos de sus contenidos se consideraron regresivos, sino por la utilización del mecanismo de urgente consideración para legislar sobre temas que para la oposición no justificaban la «urgencia». Las leyes de urgente consideración están previstas en el ordenamiento jurídico uruguayo como iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para casos que se suponen excepcionales. Las leyes de urgente consideración deben ser tratadas por el Parlamento en un período acotado de tiempo. Si bien otros gobiernos habían usado este mecanismo para legislar (incluso los gobiernos del FA) el de Lacalle Pou fue el proyecto de ley de urgente consideración con mayor cantidad de artículos y mayor diversidad de temas. La LUC agrupó buena parte de la agenda legislativa de la coalición de gobierno. El proyecto se aprobó en el Parlamento el 8 de julio de 2020.

La LUC tuvo oposición desde diferentes organizaciones sociales, en particular desde la central única de trabajadores, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Para las organizaciones sociales los contenidos de la LUC afectaban derechos consagrados y eran lesivos con algunas garantías individuales. En este sentido, una vez que la LUC fue promulgada, el movimiento sindical comenzó a analizar la posibilidad de promover un referéndum contra algunos de los artículos de esta ley. Para esto, buscó apoyo en otras organizaciones sociales y en el FA. El 14 de diciembre de 2020, el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intersocial Feminista anunciaron la conformación de una Comisión pro-Referéndum que también integró el FA. La Comisión buscaba derogar 135 artículos de la LUC que consideraba como los más regresivos.

La posibilidad de convocar a un referéndum contra la LUC era una jugada riesgosa para el FA y para las organizaciones sociales. En primer lugar, porque el presidente seguía gozando de altos niveles de aprobación. En segundo lugar, porque la LUC era una ley multimateria lo que la hacía difícil de explicar. En tercer lugar, la apuesta era arriesgada porque derogar una ley mediante un referéndum en Uruguay requiere altos niveles de movilización y organización. La Constitución establece que para convocar a un referéndum sus promotores deben reunir la adhesión del 25% del padrón electoral, lo que representaba, en este caso, alcanzar 671.544 adhesiones. Si se tiene en cuenta que en una elección nacional en Uruguay suele votar alrededor del 90% del padrón, tal cifra implicaba reunir las adhesiones de casi 28 % de quienes votan en las elecciones nacionales. Este umbral es muy alto en términos absolutos, pero también en términos comparados con otros países que también sostienen el uso de estos mecanismos de democracia directa en sus diseños institucionales. Finalmente, reunir tal magnitud de adhesiones era aún más complicado en un contexto de pandemia y restricción de movilidad.

La campaña de recolección de firmas coincidió con el peor momento de la pandemia en Uruguay, tanto en número de contagios como de muertes. En este contexto, se suspendieron actividades presenciales, lo que limitó la posibilidad de recolectar firmas en universidades y lugares de trabajo. Tampoco pudieron organizarse actos masivos.

Para algunos analistas, y también para el gobierno, recolectar tal magnitud de firmas en este contexto era una tarea imposible. Sin embargo, los organizadores del referéndum tenían una ventaja organizativa a favor: contaban con una estructura consolidada de militantes con capacidad de relevar las firmas de a una en una. En particular, el FA contaba con una estructura extensa de locales en todo el país (los comités de base) desde donde se podía organizar buena parte de la tarea de recolección de firmas en los territorios. La campaña de recolección de firmas contra la LUC comenzó en diciembre de 2020. El último día para entregar las firmas ante la Corte Electoral era el 9 de julio de 2021. En este escenario adverso, el FA y las organizaciones sociales juntaron 795.750 firmas, lo que equivale al 30 % del padrón electoral y al 33 % de quienes habitualmente votan en elecciones nacionales. Según datos de los organizadores del referéndum, la estructura frenteamplista recolectó 57,3% de las firmas y las organizaciones sociales 42,7 %.

Una vez habilitado el recurso de referéndum, la campaña por «Sí» (a derogar los 135 artículos de la LUC) debía obtener 50% de los votos válidos más uno (los votos válidos incluyen a los votos en blanco). Las encuestas preveían una amplia victoria para el gobierno. La imagen del presidente Lacalle Pou seguía por encima de 50%. La campaña por el «No» (a derogar la ley) reposó sobre la figura del presidente. La campaña por el «Sí» tuvo pocos recursos económicos y se basó en la misma estrategia cara a cara que la Comisión pro-Referéndum había utilizado para recolectar las firmas. Si bien los promotores del referéndum no alcanzaron los votos necesarios para derogar los 135 artículos de la LUC (el referéndum se celebró el 27 de marzo de 2022) estuvieron muy cerca: les faltaron 59.056 votos, lo que representaba 2,7 % de los votos válidos. Nuevamente, el escenario fue de «empate».

Desafíos y perspectivas a corto plazo 

El referéndum contra la LUC marcó un hito tanto para el gobierno como para la oposición. Si bien el gobierno logró mantener la LUC, su principal ley en lo que va de su mandato, el FA y las organizaciones sociales mostraron que pueden ser una amenaza para la agenda del gobierno. En particular, el FA mostró que pudo recomponerse rápidamente de la derrota electoral de 2019 y ser el partido capaz de canalizar e intermediar el descontento de una parte de la sociedad con el gobierno.

Superada la pandemia, y retomado el crecimiento económico, el gobierno de Lacalle Pou presenta una serie de desafíos. Por un lado, los efectos del ajuste y de la pandemia comenzaron a sentirse hacia principios de 2022, lo que puede impactar negativamente sobre sus niveles de aprobación que han comenzado a descender, aunque aún lentamente (su popularidad contrasta con la crisis de otros gobiernos de centroderecha en la región). En la actualidad, el gobierno enfrenta un aumento de la conflictividad social en varios frentes. Por otro lado, si bien los delitos disminuyeron durante la pandemia, restablecidos los niveles de movilidad comenzaron a subir, en especial los homicidios vinculados a grupos vinculados al narcotráfico. Si esta tendencia se mantuviese podría afectar la imagen del gobierno, quien ganó las elecciones criticando a la izquierda por sus malas cifras en materia de seguridad. En este contexto, el gobierno de centroderecha se enfrenta al reto de mantener su coalición unida para lograr pasar algunas reformas relevantes y pendientes en su agenda: la derogación de la ley de medios, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Aunque la centroderecha uruguaya ya ha gobernado en coalición en el pasado, y la actual coalición gobernante es una coalición ideológica, también está más fragmentada que las coaliciones de centroderecha del pasado por la presencia de la derecha dura de Cabildo Abierto.

Finalmente, hasta el momento, los altos niveles de aprobación de Lacalle Pou no parecen traducirse automáticamente en votos. Esto ha quedado de manifiesto en el escaso margen de victoria en el referéndum contra la LUC, pero también se observa en las encuestas de intención de voto disponibles. Estas muestran que el PN tiene una intención de voto similar a la que obtuvo primera vuelta de 2019 (28%), mientras el FA está un poco por encima (41%). Si se consideran los dos grandes bloques, el escenario es paritario: 42% para los partidos de la Coalición Multicolor y 41% para el FA

En todo caso, aunque aún faltan más de dos años para las elecciones, el panorama parece altamente competitivo. 

* Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT, Argentina) y magíster y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República (UDELAR, Uruguay). Columna publicada originalmente en Nueva Sociedad

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