Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022 el poder de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) cayó de 3,1 a 2,8 Canastas Básicas Alimentarias (CBA) para un adulto equivalente, medida que se utiliza para definir la línea de indigencia, lo que representa una merma de 14,8% punta a punta en 3 años.
El poder de compra del SMVM se ha mantenido en mínimos de toda la serie desde el primer trimestre de 2022, período en el cual los precios tuvieron una significativa aceleración y el máximo se alcanzó en enero de 2017, cuando el SMVM alcanzó para comprar 4,5 Canastas Alimentarias.
Los datos surgen de un análisis hecho por el equipo técnico de la Fundación Libertad y Progreso en base a estadísticas oficiales.
En tanto que si se analiza la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), también se observa un retroceso en términos del poder de compra de Canastas Básicas Alimentarias, siempre correspondiente a un adulto equivalente. En este caso, pasó de poder comprar 9,8 canastas en diciembre de 2019 a 8,9 en diciembre de 2022. Una caída de 9,1%. En este caso, el máximo se alcanzó en abril de 2018, cuando la relación de compra era de 12,5 canastas alimentarias por cada RIPTE.
En los últimos tres años, los indicadores de precios de los alimentos aumentaron significativamente por encima de las diferentes mediciones de salarios, y también por encima del índice general de precios. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, el rubro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas del IPC subió 315% mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 331%. En comparación, el Índice de Salarios de INDEC subió 288%, el SMVM 267% y el RIPTE 292%.
La peor relación se ha dado para las remuneraciones de los trabajadores en el sector privado no registrado. Para estos, la suba acumulada de los salarios promedio fue de 223%. En cambio, el menor impacto vino para los trabajadores del sector privado registrado (+304%) y del sector público (+301%).
SALARIOS vs PRECIOS
Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, dice que “lamentablemente, el gobierno argentino se sigue financiando a través del impuesto inflacionario. Al no generar riqueza, la inflación sirve para traspasar recursos desde el sector privado hacia el sector público, empobreciendo a los ciudadanos y disminuyendo su poder de compra. Aquí es donde aparece el argumento contradictorio, dado que el enorme gasto social se utiliza en teoría para ayudar a los más necesitados. Pero en verdad, esto agiganta al déficit fiscal, que a su vez se cubre con emisión monetaria. En consecuencia, aumenta la inflación y licúa el poder adquisitivo, generando un aumento de pobreza”.
Para Eugenio Marí, economista Jefe de la misma institución, “los números muestran que es necesario darle un shock productivo al mercado de trabajo en Argentina. Hoy se combina la caída en el poder adquisitivo del salario promedio junto con una tendencia al estancamiento en la creación de empleo asalariado registrado. El sector informal y los independientes se han convertido en la válvula de escape de un sistema que no da incentivos a la creación de empleo”.