Aseguran que la jueza Capuchetti cobra un contrato del Gobierno porteño; el retuiteo de Cristina

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la causa del intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cobra un contrato del gobierno porteño, lo que sería incompatible con su rol en la justicia, sepo por este viernes.

Lo de unció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en su cuenta de Twitter: la magistrada está contratada como investigadora de un instituto de formación oficial.

“La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de Marcelo D’Alessandro”, escribió Soria. Y sumó: “Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”.

El funcionario nacional indicó que “desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ‘investigadora’, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia”.

La vicepresidenta compartió esta información en su propia cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, Soria destacó que el Instituto Superior de Seguridad Pública, que emplea a Capuchetti, no dio a conocer ninguna investigación o publicación cientifica. Además, reveló que “tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques”.

“El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ‘la magistratura judicial con toda actividad política’ y ‘cualquier actividad profesional'”, refirió el ministro y explicó que esto “solo permite a los magistrados ejercer la docencia” por lo que “ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”. Soria concluyó que “mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia” y, por lo tanto, “desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”.

Horas antes, y por expresa instrucción del presidente de la Nación, Soria se presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional para que se investigue penalmente los hechos publicados durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública.

La denuncia fue presentada este viernes y requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo Silvio DAlessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.

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