Todas las causas, todas: declaraciones, citaciones y pericias en las investigaciones que desvelan al poder

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Macri, Oyarbide, Burstein, “El Fino” Palacios, el matrimonio presidencial, Ercolini, la Cámara Federal de San Martín, la de la Capital. Vuelve la actividad a los Tribunales.  

La actividad judicial se reanudará el lunes próximo en los tribunales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires con una agenda tribunalicio-política por demás cargada para la primera semana de actividad en las causas que vienen dando que hablar a la prensa desde comienzos de año.

La más preocupante para el poder político, límites adentro de la General Paz, es la del espionaje ilegal que tiene como procesado “estrella” al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que avanzará directamente a nuevas indagatorias como la de Andrés Ibarra, implicado en las maniobras que llevaron al detenido espía Ciro James a ser empleado sin función clara en el ministerio de Educación porteño mientras retiraba de la Secretaría de Inteligencia casetes con escuchas al cuñado de Macri, Néstor Leonardo, y a un familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, entre otros afectados.

Pero esta no será la única ni última novedad de la causa, como anticipó Gaceta Mercantil: para después de la feria ya están citados como testigos -en fechas a confirmar- técnicos de la empresa Nextel que explicarán si el celular de James se activó en la “celda” correspondiente a la zona de la casa de Macri, en Barrio Parque, apenas después de sus ingresos documentados a la SIDE en busca de casetes con escuchas.

También se da por descontado que el juez federal Norberto Oyarbide procesará en los próximos días a Osvaldo Chamorro, socio en una empresa de seguridad privada del detenido ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “El Fino” Palacios.

Chamorro, también ex policía de la Federal, fue indagado porque en una oficina de esa empresa se secuestró una computadora que se supone él usaba para obtener pedidos de informes patrimoniales sobre legisladores opositores y otras personalidades.

Pero no todo será espionaje en el tercer piso de los Tribunales federales de Retiro. Oyarbide pondrá fecha a la ya firmada declaración indagatoria del ex recaudador de la campaña kirchnerista de 2007 y ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Cappaccioli en la megacausa por la mafia de los medicamentos, que de a poquito golpea a las puertas del poder político nacional impulsada en esa dirección más por la Cámara Federal que por el juez del caso.
 
El ex funcionario fue citado cuando estaba en Sudáfrica asistiendo el Mundial de Fútbol con uno de sus hijos y luego de que la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenara avanzar sobre la ruta del dinero, con lo que apunta a dilucidar si la plata negra de los negociados con medicamentos para patologías graves y fraudes que investiga en la causa fue lavado con supuestos aportes a la campaña presidencial por parte de droguerías y empresarios del rubro implicados.

En concreto el juez tiene en sus manos un informe policial donde constarían irregularidades en el trámite de reintegros de los programas especiales, los APE, que debía controlar la dependencia de Cappaccioli.
 
Y en otro expediente también a cargo de Oyarbide -el juez más mediático y “politizado” del fuero- comenzará la ronda de indagatorias en la investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su entorno con broche final el 23 de agosto, para cuando está convocado el ex funcionario kirchnerista bajo la sospecha de delitos como dádivas o cohecho. En este caso puntual deberá responder sobre los motivos por los cuales TEBA, una empresa a la que debía controlar y que maneja la Terminal de Omnibus de Retiro, aparece pagando el alquiler del piso donde vivía en avenida del Libertador.
 
Otro juez, Julíán Ercolini, apenas termine la feria de invierno deberá resolver qué hará con la denuncia presentada por la Coalición Cívica contra el matrimonio K por lavado de dinero: si impulsa o no la investigación basada en el incremento parimonial de la Presidenta en los últimos años.

Este mismo magistrado ya sobreseyó a los Kirchner en otra denuncia por enriquecimiento y es quien lleva adelante la causa por el supuesto pago de sobornos para la compra de maquinaria agrícola por parte de Venezuela, que también preocupa a algunos en el Gobierno y en torno a la cual deberá definir si concreta o no citaciones.
 
En San Isidro, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado retomará las audiencias de declaraciones de los peritos que participaron de los fallidos análisis genéticos a los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si fueron apropiados ilegalmente en la última dictadura.

Apenas terminen de declarar los peritos de las querellas, la jueza tendrá que resolver si ordena obtener nuevas muestras para análisis o si usa la sangre y saliva que fueron obtenidas el año pasado y que permanecen bajo su custodia, aunque se duda de su efectividad.
 
Y en San Martín comenzará la cuenta regresiva para someter al primer juicio oral y público de su vida al ex intendente de Escobar y ex subcomisario de la Bonaerense, Luis Abelardo Patti, por secuestros y desapariciones cometidos en los ´70.

El Tribunal Oral Federal 1 de ese partido tiene que decidir si le concede arresto domiciliario ya que Patti asegura que padece una enfermedad grave en la vista, al tiempo que la defensa intenta frenar el inicio del proceso recusando a los jueces, algo que también se resolverá en los próximos días. La intención del Tribunal es sentarlo en el banquillo el próximo 30 de agosto.

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