El Gobierno, a través del titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, le solicitó al juez que, en caso de que no acepte el pedido, “fije el plazo razonable por el cual entiende que debe permanecer vigente la medida cautelar”.
A través del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha y con el respaldo del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, el Estado pidió el levantamiento de la medida, recientemente confirmada por la Corte Suprema a condición de que se le fijara un plazo “razonable” de vigencia.
La oficina de prensa de la Procuración del Tesoro aclaró que se pidió al magistrado el levantamiento de la medida “a fin de que el Grupo Clarín dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 161 de la ley 26.522”.
La norma impone la desinversión de quienes fueren titulares de una cantidad de licencias mayor que la permitida por legislación.
La Procuración expuso que el plazo de un año previsto por el artículo 161 comenzó a regir desde el 9 de setiembre de 2010, por lo que, “en los hechos, desde la sanción de la ley -octubre del año 2009- habrán transcurrido aproximadamente dos años cuando expire el término antes indicado”.
Para Da Rocha, este último plazo “resulta más que razonable a fin de que el Grupo Clarín -al igual que los restantes titulares de licencias- cumpla el régimen de desinversión que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El Estado solicitó al magistrado que, en caso de que no acepte el pedido, “fije el plazo razonable por el cual entiende que debe permanecer vigente la medida cautelar”, tal como lo estableció la Corte el 5 de octubre último, para evitar que la misma se transforme en “una virtual sentencia definitiva”.
En esa oportunidad, tras recordar que la ley “está vigente”, pero sin expedirse sobre la “cuestión de fondo”, la Corte ordenó que, para que no se desnaturalice, se precisará el tiempo de vigencia de la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín.
De esta manera votaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, mientras que Enrique Petracchi y Carmen Argibay no aludieron a plazos.
El juez Edmundo Carbone y la Sala I de la Cámara Civil y Comercial ordenaron la medida provisoria por considerar que, en principio, el plazo de un año que establece el artículo 161 de la ley 26.522 expira antes que se puedan expedir sobre la constitucionalidad de la norma.
La medida cautelar fue solicitada por el Grupo Clarín argumentando ser titular de licencias de televisión abierta, de radiodifusión sonora y por suscripción, televisión por cable e Internet y de señales de contenido para TV.
El grupo demandante afirmó que esas licencias, vigentes durante la ley 22.285, fueron prorrogadas por decreto 527/05 del Poder Ejecutivo Nacional.
Carbone dictó la medida provisoria contra la cláusula de desinversión y el artículo 41 de la ley, pero la Cámara, al concluir que pudo haber un cambio en las reglas de juego, la mantuvo sólo con respecto a la primera de las normas.