El juez ya le aplicó una penalización de 4.000 pesos diarios al titular de la cuenca.
La “causa Riachuelo” amenaza los bolsillos de dos ministros porteños. Un juez federal se enojó y advirtió al ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Chain, y al de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, que los multará con mil pesos diarios si no le presentan un informe con las fechas exactas en las cuales estará liberada una zona ribereña llamada “Camino de sirga”, en la jurisdicción Capital del Riachuelo, destinada a ser un espacio verde.
El magistrado es el federal de Quilmes, Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para ejecutar el fallo del máximo tribunal que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Y el magistrado avanza a paso y mano firme; de hecho ya multó condinero varias veces a Homero Bibiloni, el funcionario nacional a cargo del organismo que coordina las distintas jurisdicciones implicadas: Capital, provincia de Buenos Aires y municipios.
Por primera vez, a Armella se le acabó la paciencia con el gobierno de Mauricio Macri, después de reiteradas advertencias verbales hechas en audiencias públicas.
“Es indispensable que tanto el Presidente de la Cuenca Matanza Riachuelo -Homero Bibiloni-, el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires -Daniel Chain- y el ministro de Ambiente y Espacio Público -Diego Santilli- no sólo arbitren los medios suficientes para llevar adelante las medidas necesarias para la liberación definitiva de dicha traza geográfica, sino además que impidan la realización de nuevas construcciones en ese espacio público, o reparación de las ya existentes, deterioramiento de terrenos, y/o cualquier tipo de obra o acción obstaculizadora de esa área”, advirtió Armella.
Y si no se cumple su orden de manera “efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada”, los funcionarios incurrirán “inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad correspondiente por mandatos específicos y determinados al incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios
patrimonios el pago de una multa diaria de pesos un mil ($ 1000) por cada día de incumplimiento”.
El tema no es menor y toca intereses sensibles: se trata de quince empresas radicadas en esa franja ribereña en jurisdicción de la Ciudad que deben aceptar mudarse o ser desalojadas de manera compulsiva, como ya ocurrió en el lado de provincia de Buenos Aires.
Algunas de estas empresas son “Mundo Grua”, “Centro Internacional de Contenedores”, “Transmetro S.A.”, “Ruthinium S.A.” y “Fabritam”, entre otras.
Armella ya advirtió agriamente al jefe de Gabinete, el quilmeño Aníbal Fernández, y a la ministro de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por sus ausencias a las audiencias públicas.