Cobos y Lorenzetti en la misma bolsa

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“Ojo Cristina, Lorenzetti es otro Cobos”, escribió en su blog personal el 9 de diciembre de 2009 el secretario general del gremio judicial, Julio Piumato. La advertencia dirigida nada más ni nada menos que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aludía obviamente a la traición del vicepresidente de la Nación con su voto en contra de la resolución 125 en el conflicto del campo.

Muchos analistas ubican a este hecho político-judicial en la génesis de la ruptura, hoy convertida en enemistad manifiesta, entre el gobierno y el máximo tribunal, pero ya desde la firma de la 125 se dejó trascender la decisión de la Corte renovada por el kirchnerismo de no avalarla si llegaba a su órbita de análisis, ése podría considerarse el primer paso de una “traición” anunciada, según los códigos politicos.

Hasta entonces, Gobierno y máximo tribunal habían marchado en una armoniosa sintonía, sin grandes cortocircuitos. Tampoco hubo grandes temas que los justificasen. Pero volviendo a la lógica bloguera de Piumato, habría que pensar que la figura del titular de la Corte es equiparable a la de un líder político: Lorenzetti debería responder a un gobierno al que “arteramente” traicionó y traiciona con sus fallos y actitudes.

Nada más lejano a la figura de un Poder Judicial independiente y nada más cercano a la lógica que impera en el gobierno por estos días. Nada más lejano a los tiempos en que el entonces presidente Néstor Kirchner transparentó los mecanismos para elegir a los supremos y que permitieron el arribo de Lorenzetti al tribunal.

De hecho, uno de los principales avales al abogado santafesino, sin carrera judicial previa, llegó de parte de Cristina. Y como se repite ahora en los pasillos cortesanos, muy lejos de esos procesos de selección elogiados desde todos los sectores están los llamados reiterados que desde oficinas presidenciales se hicieron últimamente a ciertos magistrados, que juran no haber atendido.

En este clima se puso hoy la frutilla al postre: la Corte finalmente firmó el reclamado fallo por la Ley de Medios a una semana exacta de la marcha frente a Tribunales donde la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, llamó a tomar las instalaciones. Y calificó de “turros” a los ministros.

¿Estará Hebe preparando ya la bolsa de dormir para aposentarse en Talcahuano 550? Porque si bien en una lectura más que generosa y forzada del fallo los medios cercanos al gobierno -y el propio Néstor Kirchner- enfatizaron que la Corte ratificó la constitucionalidad de la Ley de Medios, en realidad el punto medular es que mantiene la suspensión de la bautizada “cláusula antimonopolio”, el artículo 161 de desinversión, pensado y nacido como caballito de batalla contra Clarín. Algunos funcionarios como Juan Manuel Abal Medina se preocuparon por aclarar que la Corte “sólo mantuvo la cautelar de un juez, sobre el plazo de aplicación de una artículo para un caso en particular”. Sí, para el caso de Clarín, ni más ni menos. 

Indudablemente la noticia -guste o no- pasa por el último enunciado, que dejará sin efecto de aquí a por lo menos dos años la obligación -sólo para el multimedios que inició la demanda- de vender gran parte de más de un centenar de licencias de TV por cable, TV abierta y radios que tiene a lo largo y a lo ancho del país (¿Qué sucederá con el segundo grupo multimedios, el que regentean Vila y Manzano, tan cercanos de nuevo al Gobierno y lejos de Clarín a partir de su “per saltum” por Papel Prensa?).

¿Qué el resto de la ley sigue vigente? Ya se sabía desde el fallo Thomas, donde los supremos sí intervinieron para derogar una medida que la había suspendido por completo, al entender que generaba un daño institucional de gravedad. Ese día hubo festejo en el Gobierno y nadie criticó a la Corte, sino todo lo contrario. Al parecer el fallo Thomas había quedado algo olvidado en la pelea sin cuartel desatada en las últimas semanas.

Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni dedicaron en un voto conjunto extensas líneas a remarcar que la ley en general está vigente y que sólo se trata de un artículo y de la disputa alrededor del plazo que se fija para cumplir lo establecido -un año-, lapso durante el cual no podrá haber sentencia judicial firme al respecto. Una de cal y otra de arena.

Los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi siguieron a pie juntillas la jurisprudencia de la Corte y en cinco líneas, con voto separado, rechazaron el recurso por no tratarse de sentencia definitiva o equiparable a tal ni ocasionar perjuicio de gravedad institucional, sin explicación alguna.

Es que a buen entendedor pocas palabras: este artículo es el que más importa en las áreas sensibles del Gobierno, a cargo de la batalla diaria contra el multimedios porque define ni más ni menos a las puertas de un 2011 electoral el mapa del poder mediático en Argentina, con más de un centenar de licencias que ahora seguirán por al menos dos años más en manos de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.

El fallo de fondo al que alude la Corte será en todo caso problema -o no- del próximo gobierno, porque como también dicen en tribunales, los presidentes pasan, pero Clarín y los jueces quedan.

* Periodista

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