El paraguayo Joaquín Aquino permanece detenido a disposición del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien finalmente determinará cuando se hará efectiva la deportación.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso este viernes la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Joaquín “El Paisa” Aquino, paraguayo, y quien fue detenido esta semana por el caso de la cocaína adulterada que provocó 23 muertes en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Ahora, la medida de Migraciones será elevada al juez de la causa, para que finalmente la ejecute cuando lo considere pertinente.

“Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por ocho años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia”, explicó la titular de Migraciones, Florencia Carignano.

“La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización”, añadió la funcionaria.

Según Carignano, la expulsión y prohibición de ingreso dispuesta ahora es “de forma permanente” y “se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona”.

Por su parte, Aquino permanece detenido a disposición del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ante quien se negó a declarar cuando se lo acusó de “tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra”.

Por esta causa también hay otros seis detenidos, entre ellos, Aldana Benítez, la pareja de Aquino; Alberto Medina y su mujer, Mónica Altamirano; quienes serán indagados en las próximas horas.

Todos afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo Aquino el presunto “organizador” de la banda, detallaron los voceros.

A su vez, en este expediente hay una imputada más que no quedó detenida, pero que se le notificó de la formación de la causa en función de que en el allanamiento a su domicilio se encontró solo un teléfono celular, aunque los investigadores procuraban reunir más pruebas, añadieron los informantes.

En tanto, las fuentes consultadas aclararon que, más allá de las conexidades entre esta causa y la que tramita en la justicia ordinaria por las muertes e intoxicaciones con la cocaína adulterada, por el momento ambos expedientes seguirán por separado: uno en el fuero federal y el otro la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, donde se investigan las muertes de las 23 personas que consumieron la cocaína adulterada y la intoxicación de más de 80.