Mientras que Clarín asegura que el de un juez marplatense es el primer fallo a favor de los “usuarios” de Fibertel, el ministro de Vido advierte que la medida no cuestiona sus resoluciones. 

El ministro de Planificación dijo que el “Estado busca proteger a los usuarios y el fallo dispuesto ayer apunta a eso”, en alusión al primer pronunciamiento que emitió la justicia sobre este tema a través de un juez de Mar del Plata.

“Lo más importante para nosotros es la protección al usuario. El fallo no cuestiona la resolución 100 ni 102, sólo está pidiendo que en diez días le informemos qué medida vamos a adoptar para instrumentar lo que él ordena en su medida cautelar”, en referencia a la migración de los usuarios hacia otras empresas que brinden el mismo servicio.

De Vido formuló sus declaraciones a Radio 10 luego de que la Justicia Federal de Mar del Plata emitiera su decisión judicial en el marco de una acción de clase presentada por una asociación de consumidores.

El diario Clarín, por su parte, informó que la orden “es concisa y tajante: cada uno de los usuarios de Fibertel tendrá garantizada ‘en forma inmediata y en idénticas condiciones’ la continuidad del servicio de Internet. Así lo ordenó ayer la Justicia Federal de Mar del Plata, en el primer fallo que se conoce en favor de los usuarios de la empresa, al hacer lugar a una presentación colectiva de una asociación de consumidores.”

Lo primero que hay que señalar es que Fibertel no es una empresa de servicios públicos, por lo cual tiene clientes, no usuarios. Pero, más allá de los detalles, el diario del Grupo explica que el juez tuvo en cuenta lo solicitado por la asociación de consumidores marplatenses “Defendete”, que reaccionaron apenas se conoció la decisión gubernamental de “sacar del mercado” a Fibertel.

Una fuente del Ministerio de Planificación Federal expresó el viernes que “el juez ordenó una medida cautelar en la que solicita tanto al Estado como a las empresas Cablevisión y Fibertel arbitrar en forma inmediata los medios necesarios a fin de asegurar la migración de sus abonados y la continuidad del servicio de Internet en idénticas condiciones”, lo cual puede ser un triunfo para los clientes pero no necesariamente para Fibertel.

Después de haber lanzado a los clientes contra el Gobierno, el Grupo Clarín apuesta ahora a que es matarialmente imposible transferir 1,2 miilones cuentas en apenas 90 días hábiles. 

Por eso De Vido insistió en que en el mercado “hay ofertas suficientes para adoptar las que más le convenga, hay más de 400 compañías en condiciones de adoptarlas, hoy Fibertel brinda servicios en 135 localidades de la Argentina, y la Argentina tiene 2.600 municipios y sociedades de fomentos y comunas”. El propio De Vido había señalado al principio que unas 300 empresas estaban en condiciones de recibir a los “emigrados” de Fibertel, pero el diario La Nación advirtió que la mayoría de esas sociedades no están en condiciones de brindar el servicio. 

El ministro aclaró que, igualmente, van a explicarle al juez que “es un tiempo referencial” y admitió que si es necesario hacer alguna modificación para proteger al usuario, “haremos lo que al usuario le convenga” porque “lo que nos interesa es que la gente haga la migración y deje de estar de rehén”, puntualizó.

De Vido agregó que en el marco de la “profunda concentración que hizo el grupo Clarín, nunca le autorizamos la fusión y ellos en forma unilateral la realizaron aunque el Estado Nacional nunca la aceptó, nunca pensamos que iban a autolegitimarse”.

“Además lo hicieron ante los usuarios porque cuando fueron a informar a las autoridades de las bolsas donde cotizaban siempre decían que tenían un grave factor de riesgo que era la falta de autorización de la licencia por parte de la autoridad de aplicación y de la autoridad regulatoria”, reveló.

De Vido también apuntó que el jueves el diario La Nación “decía que el Estado pone como prestadores a compañías que brindan servicio a través de medios físicos de otras compañías y eso es perfectamente legal”.

“Ellos (Fibertel) están preocupados en encontrar una racionalidad legal a su situación”, destacó el ministro, tras insistir que el Gobierno se está manejando “en el marco de la ley y el derecho”.

En el fallo de ayer dispuesto por el juez federal Alfredo López, el magistrado requirió al Poder Ejecutivo nacional que informe en diez días acerca de si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios en las mismas condiciones y modalidades en que actualmente se presta a través de Fibertel.

Asimismo, solicitó a Cablevisión y a Fibertel que informen en diez días acerca de si se encuentra asegurada la prestación del servicio de Internet a todos los usuarios hasta tanto el Estado nacional provea la prestación de similar servicio con los nuevos proveedores.

Mediante la resolución 102/10 la Secretaría de Comunicaciones ya había establecido que “los prestadores de servicio de valor agregado y/o Internet que reciban a aquellos usuarios y clientes que decidan migrar los servicios que brindaba la ex licenciataria Fibertel Sociedad Anónima, no podrán percibir bajo ningún concepto derechos de conexión, instalación, alquiler de módem, y/o cualquier otro cargo de acceso al servicio, independientemente de la denominación usualmente utilizada por cada prestador”.