Lo que hay detrás de la decisión del Gobierno de hacer que caduque la licencia de Fibertel

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El Gobierno fastidia al Grupo Clarín y a todos los que fueron desprolijos en sus negocios en los últimos años. ¿La clave de la medida? Afecta los negocios con verdadero futuro del Grupo.

El anuncio de ayer del ministro de Planificación, Julio De Vido, de establecer la caducidad de la licencia de Fibertel, la empresa proveedora de Internet del Grupo Clarín, no fue una sorpresa para los que siguen el tema pero provocó una gran confusión entre los miles de usuarios del servicio, confusión que como se verá también fue promovida por la empresa.

De Vido anunció que por una resolución, la 100, Fibertel “ya no existe más” debido a que CableVisión “incumplió la ley nacional” y “usurpó” la licencia.

La fusión de Fibertel con Cablevisión “nunca fue aprobada por el Estado Nacional”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó en el microcine del Palacio de Hacienda.

El ministro se refirió de este modo a la fusión por absorción de Fibertel por parte de Cablevisión, ocurrida en 2002, cuando sus dueños eran Liberty Media y el fondo Hicks, Muse, Tate & Furst y su gerente general el abogado Mariano Ibáñez. Hasta ese momento, Cablevisión y Fibertel eran dos empresas separadas aunque de los mismos accionistas. ¿Por qué era así? Porque la legislación lo determinaba: la primera era una compañía de TV por cable que sólo podía brindar ese servicio y estaba regida por las normas que emanaban del COMFER; y la segunda, una empresa de provisión de servicios de Internet que debía atenerse a lo establecido por la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Entonces bien, ¿cómo era que CableVisión ofrecía los dos servicios? Porque le alquilaba su red a Fibertel, que tanto era una compañía “independiente” que se cuidaba bien de facturar su servicio aparte.

Según la empresa, “se trata de una medida claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del Gobierno contra Cablevisión”. La resolución, añade, “es violatoria de los derechos de la empresa como continuadora universal de Fibertel”. Y termina asegurando que la absorción societaria se realizó en 2002, “mucho antes de la fusión con Multicanal, y fue aprobada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo competente para este tipo de operaciones”.

Aquí es donde la compañía de Clarín busca mezclar todo para que nadie entienda nada. En primer lugar, la IGJ sólo podía opinar sobre la absorción, nunca sobre si la licencia de Fibertel podía ser explotada por Cablevisión, lo cual claramente no estaba permitido por la ley. Claro, ni la Secretaría de Comunicaciones ni el COMFER, en aquella época, opinaban sobre prácticamente nada y mucho menos ejercían el poder de policía que les impone la ley. En segundo término, no hace falta aclarar que aquella absorción de 2002 se produjo “mucho antes de la fusión con Multicanal”, que en efecto tuvo lugar en 2006, cuatro años más tarde. Salvo que se quiera confundir una fusión con otra.

Clarín advierte que esta segunda fusión, la que reunió todos los activos de cable e Internet de las dos empresas, Cablevisión y Multicanal, obtuvo la aprobación de los entes de regulación pertinentes. Esto es parcialmente cierto: la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) la autorizó, pero el COMFER no opinó sobre el punto. La decisión de la CDC fue un escándalo porque forzó los criterios que consideran o no si existe una posición dominante (monopólica) diluyendo el porcentaje de clientes de las dos empresas en el total de los clientes de la TV paga del país, sin analizar la situación región por región como correspondía. Pero corrián tiempos de idilio entre el Grupo de Magnetto y el entonces presidente Kirchner.

Tanto Clarín como La Nación subieron a sus versiones digitales notas parecidas, en las que subrayaban que esta decisión se tomó en el marco del enfrentamiento entre el Gobierno y el conglomerado que conduce Héctor Magnetto. Es absolutamente cierto. Ninguna de las decisiones que toma la Administración Kirchner en este terreno son ajenas a esa disputa de poder, pero algunas no tienen asidero legal y otras sí. La de Fibertel entra claramente en la segunda categoría.

Según relata La Nación, “a comienzos de este mes, la agencia estatal Télam difundió que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), detrás de la que está el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, daría a conocer una resolución que ordena a Cablevisión ‘abstenerse’ de ofrecer el servicio porque es una ‘distribuidora de TV por cable y no cuenta con licencia para operar en el área de las telecomunicaciones'”.

Continuó el diario de la familia Saguier. “La supuesta resolución ordenaba, siempre según la agencia estatal, que Cablevisión debería ‘abstenerse de contratar nuevos usuarios o modificar los servicios que se están dando'”. Y completa: “Esa información se conoció la misma semana en que, en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), el máximo ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, participó de una reunión de esa entidad y la Unión Industrial Argentina (UIA). Magnetto también fue anfitrión en su casa de un encuentro de los principales dirigentes del Peronismo Federal y de Pro, dos fuerzas políticas opositoras”.

Este es el contexto político. Pero el comunicado de Cablevisión añade que “la fusión (del 2006) fue aprobada por la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Casi cuatro años más tarde, el Gobierno considera ahora que aquellas compañías no pueden hacer converger sus operaciones”. En efecto, el Gobierno de Cristina Kirchner se decidió a hacer cumplir la ley. Y esto, naturalmente, fastidió al Grupo Clarín porque afecta sus intereses y porque el Gobierno “se ha puesto quisquilloso” con los papeles.

Las notas de La Nación y Clarín apuntan que “no es la primera medida de este tipo” ya que “la CNC impuso el mes pasado multas de $ 2,5 millones a Cablevisión y Multicanal ‘por haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe en relación con el servicio de televisión por cable’. En tanto, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) resolvió quitarle a Cablevisión las licencias para operar en varias ciudades del país con el argumento de que no puede tener más de un permiso por localidad”.

Y aquí lo que se viene. La caducidad de la licencia de Fibertel, según advierten los dos medios, se enmarca en una ofensiva nacional. En rigor, esa ofensiva busca hacer cumplir la todavía vigente ley de Radiodifusión, que no autorizaba a las empresas de cable a brindar servicios de conexión a Internet, y tampoco permitía que una misma sociedad explotara dos licencias de TV por cable en la misma área geográfica, tal como ocurre en las principales ciudades del país (Capital Federal, Córdoba, Rosario y Santa Fe, por ejemplo). Se trata de abuso de posición dominante, según la ley, y pone a los usuarios en situación de indefensión puesto que no pueden acceder a otras ofertas y deben exponerse a los caprichos comerciales de esa única compañía (suba de precios, reducción de la oferta de canales, etc.).

Si la Ley de Medios comienza a regir, Clarín deberá desprenderse además de cientos de miles de abonados en aquellas ciudades en las que tenga las dos licencias, como ya ocurrió en otras partes del mundo cuando se aplicaron leyes antimonopólicas (Estados Unidos es un buen ejemplo pero no es el único).

Entretanto, los abogados del Grupo trabajan para trabar con una medida cautelar la aplicación de la resolución 100 anunciada por De Vido. Pero el Gobierno le pegó un zarpazo a los negocios futuros, los más rentables, aquellos que podrían hacer atractivo al Grupo en una eventual venta.  

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