Lo que faltaba: el Estado deberá hacerse cargo de la salud del ex subcomisario procesado por violaciones a los derechos humanos.

El otrora poderoso ex subcomisario de la Bonaerense Luis Abelardo Patti, ex intendente de Escobar y ex legislador electo acaba de convertirse en un discapacitado amparado por la ley y con derecho a exigir todas las prestaciones que el Estado brinda en estos casos, con recursos propios o tercerizando en obras sociales.

En efecto, Patti gestionó y obtuvo su certificado de discapacidad en el marco de la ley 22.431 que reglamenta el “Sistema de proteccion integral de personas discapacitadas”. El beneficio es renovable cada diez años y, según parece ser, se otorga también a detenidos con prision preventiva a la espera de ser juzgados por delitos de lesa humanidad.

Ese papel de una carilla habilita, por ejemplo, a viajar gratis en ómnibus de todo el pais y da derecho a cobertura medica ampliada, de rehabilitación, acompañamiento terapéutico o lo que sea necesario sin ningun costo, y fue enarbolado para exigir el arresto domiciliario ante la sorpresa del Tribunal Oral Federal 1 de San Martin. Quien lo acercó a los jueces fue Alfredo Bisordi, ex secretario de la Camara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país.

Según anunció hace dos años, Bisordi renunció al cargo para jubilarse jaqueado por denuncias en su contra por sus fallos proclives a favorecer a represores de la última dictadura. Pero no se jubiló del todo, ni mucho menos. Ahora ejerce la profesión de manera privada y es uno de los abogados de Patti, junto a Silvio Duarte.

Y en ese rol lo escucharon hablar “con énfasis exaltado y virulento” los jueces en la audiencia previa al fallo, donde acaban de negar el arresto domiciliario a Patti.

Los magistrados aludieron a su persona de esta manera en la decisión judicial que envió a Patti a la cárcel de Devoto, a días del comienzo del primer juicio oral en su contra por delitos de lesa humanidad.

Patti salió de la cárcel hacia la clínica Fleni de Escobar, víctima de un accidente cerebro vascular ocurrido en medio de una operación de rutina que lo habría dejado medio ciego de un ojo y con problemas de equilibrio.

“Es técnicamente un discapacitado que requiere un ámbito adecuado a tal situación”, argumentaron sus abogados al pedir su traslado a casa, por estar cerca del Fleni.
Y aludieron al articulo 10 de la ley de discapacidad que establece la detención domiciliaria para los internos discpacitados cuando “el establecimiento carcelario es inadecuado por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”.

Los jueces descartaron todos los argumentos, afirmaron que en la cárcel estará bién atendido -como otros procesados en condiciones similares- y que será trasladado a centros asistenciales las veces que sea necesario.

Si se cumple lo anunciado, desde el 30 de agosto comenzará a ser llevado a los estrados judiciales para responder por los crimenes del ex diputado del PJ Diego Muñiz Barreto y de Gastón Gonçálvez, Carlos Souto, Juan José Fernández y Guillermo D’Amico.