Ni oficialistas ni opositores pueden eludir el tema y buscan un acuerdo para sesionar. Las denuncias generan más división en la oposición que en la bancada kirchnerista.
La discusión por la presunta existencia de sobornos en el Senado llegaría mañana al recinto de la Cámara alta. Ni los oficialistas, ni los opositores pueden esquivar un tema que dominó la agenda periodística durante las últimas semanas.
“Queremos encontrar un mecanismo para que la discusión no consuma 12 horas y no se convierta en un show mediático”, confió un destacado integrante del bloque K.El mecanismo al que hace referencia el senador del Frente para la Victoria no es otro que un acuerdo con los opositores. Algo que recién podría concretarse el miércoles por la mañana, momentos antes del comienzo de la sesión, en la habitual reunión de Labor Parlamentaria donde se define el temario a tratar.
A pedido del radical Gerardo Morales el encuentro de los jefes de bloque que debía concretarse en la tarde del martes se trasladó al miércoles. Los hombres del oficialismo consideran que a la movida del jefe de la bancada radical la motivó el intento de encontrar un temario no conflictivo para poder sesionar.
Los kirchneristas consideran que, después de la autodenuncia judicial que presentaron la semana pasada, sus senadores están más unidos para enfrentar este debate. A diferencia de lo que sucede en el bloque oficialista, la denuncia por presunta compra de votos generó fuertes diferencias dentro del armado opositor.
De hecho fue el propio vicepresidente Julio Cobos el que puso límites a las declaraciones de los antikirchneristas y pidió que las denuncias se hagan con elementos concretos.Ni unos ni otros pueden evitar discutir el tema. Los opositores porque fueron los que iniciaron las denuncias y los oficialistas porque se ven obligados a despejar dudas.
Tampoco es posible sortear el debate suspendiendo la sesión, ya que estas diferencias fueron las que llevar a que el cuerpo no sesionara la semana pasada. Ni los kirchneristas ni los opositores podrían evitar los costos políticos de otra semana sin funcionar.
La única alternativa posible es un acuerdo que limite el debate, algo que siempre es difícil de cumplir cuando las palabras van ganando el recinto y cuando las cámaras televisivas apuntan hacia los legisladores.