El sentido común indica que en la adversidad es conveniente dejar de lado las disputas internas, hacer a un costado las diferencias, y olvidar cualquier rencor que pudiera existir entre los miembros de un mismo frente político para nadar juntos contra la corriente y tratar de sobrellevar los rigores de una crisis de la mejor manera posible.
Pero el sentido común suele ser —al menos en el peculiar mundo que habita la casta política— el menos común de los sentidos. Bastó que una serie de hechos inesperados obligara a tres ministros del gabinete nacional a presentar su renuncia en forma indeclinable para que estallaran en el oficialismo las riñas que, desde antiguo, caracterizan su desenvolvimiento.
La lógica prescribía que se pusieran de acuerdo las distintas facciones que pueblan el Frente de Todos (FdT) y rápidamente se anunciaran los nombres de las personas que reemplazarían a Claudio Moroni, Juan Zabaleta y Elizabeth Gómez Alcorta. Por supuesto, nada de ello sucedió. El fin de semana pasado el gobierno semejó un hervidero en el cual el presidente de la República, La Cámpora, la CGT y el massismo se cansaron en dirimir supremacías con el propósito confeso de colocar a sus hombres de confianza en los casilleros que habían quedado libres. Al final —como no terminaron de ponerse de acuerdo— Alberto Fernández escogió a tres mujeres: Kelly Olmos —de pasado menemista— aterrizó en el ministerio de Trabajo; Ayelén Mazzina se hizo cargo de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad, y Victoria Tolosa Paz asumió en Desarrollo Social. Entre ellas —eso sí— hay un común denominador: no tienen la más mínima idea acerca de las materias con las que les tocará lidiar. Delicias de la democracia argentina y, al mismo tiempo, designaciones en consonancia con una administración que, por boca de su máxima autoridad, dijo que el mérito no servía para nada.
Analizar en detalle los pormenores de estos nombramientos no tiene demasiado sentido. En realidad, el gabinete que preside Fernández es un conjunto de improvisados sin ninguna relevancia. ¿A quién podría importarle lo que opine Juan Manzur, Santiago Cafiero, Juan Cabandié o “Wado” de Pedro? En general, lo que obran en sus respectivas funciones lo hacen mal y a nadie le rinden cuentas. Pero sus pifias son intrascendentes. De modo tal que poner la lupa sobre la decisión del Presidente para luego concluir que no consultó a nadie y que eso acreditó su razón independiente de ser respecto de Cristina Kirchner, es perder el tiempo. Lo que haga o deje de hacer el primer magistrado no mueve el amperímetro en ningún sentido.
El único que a esta altura tiene entidad propia y actúa de manera autónoma es Sergio Massa. Los demás hacen las veces de una comparsa. Del éxito o fracaso del titular de la cartera económica depende el FdT, el gobierno nacional y —claro está— los dos Fernández, que cada día se pueden ver menos. El recambio ministerial fue, pues, algo así como un “tsunami” en una palangana. Moroni no toleraba más los embates de la viuda de Kirchner y sus acólitos. Es cierto e intrascendente. Que la señora Gómez Alcorta se agravió por el maltrato hecho a unas mapuches que usurpaban propiedad ajena, también es verdad. Y es irrelevante. A su vez, que Zabaleta quería volver a ocuparse de la intendencia de Hurlingham resultaba un secreto a voces que sólo le quitaba el sueño a él. En resumidas cuentas, las que hemos visto son sólo riñas de campanario y no más.
El capítulo económico tiene otra envergadura en razón de que, desde ahora y hasta que se abran las urnas en agosto y octubre del año próximo, el kirchnerismo tendrá una tarea excluyente: llegar a buen puerto sin que se le quemen las naves. En la travesía que le espera, las apetencias municipales de un capitanejo del Conurbano bonaerense, el enfado de una feminista y el cansancio de un burócrata al cual le tomaron el ministerio sin que dijese esta boca es mía, no agregan nada. Son meras anécdotas.
Menos espacio ocupó en los medios, durante el fin de semana largo, una noticia que, sin embargo, tiene una trascendencia imposible de menospreciar. En el curso de 2023 —año electoral por naturaleza— para neutralizar una suba de los subsidios energéticos presupuestados en $ 2,8 billones, las tarifas de los servicios públicos para los sectores medios de la población deberán incrementarse un 80% por encima de las ya anunciadas. Si sólo por un instante, y a modo ejercicio intelectual, hiciéramos de lado el dato comicial del año próximo, sería difícil imaginar cómo un gobierno que hace agua por los cuatro costados podría dar semejante paso sin dejar, en el camino, jirones enteros de su integridad. Con las elecciones por delante y una sociedad exhausta, implementar tamaño ajuste resultará literalmente imposible.
Lo que se halla en juego no es si el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dará luz verde al “plan Massa” cuando deba aprobar las metas del último trimestre de 2022. Ese no es el aspecto central de la crisis por dos razones, de índole diferente: de un lado, los burócratas del organismo internacional de crédito saben de antemano que la Argentina está metida en un berenjenal de salida difícil y que, en virtud de ello, deberán aceptar que el alumno a punto de rendir examen les ponga trampas, falsee los números y haga contabilidad creativa como la cosa más normal del mundo. Del otro, porque el FMI no votará en octubre. A la hora de los bifes —para utilizar un giro idiomático propio de las tribunas futboleras— Kristalina Georgieva tiene menos peso que un cuatro de bastos en el truco.
El punto álgido viene dado por una conjunción de problemas que no tienen solución en el corto plazo o que, sencillamente, no dependen ni de Massa, ni del FMI, ni del gobierno estadounidense, ni de ningún mortal, por importante que resulte. Dos ejemplos ilustran el tema. La inflación requiere, para descender a porcentajes tolerables, un plan de estabilización puesto en marcha en todos los frentes al mismo tiempo. Algo que escapa por completo a las posibilidades del ministro de Economía. La sequía —que ya se hace sentir y cuyos efectos, de la mano de La Niña, pueden ser catastróficos para las cosechas del año venidero y las reservas que necesita el gobierno —no habrá de pedirle permiso a nadie para abatirse sobre nuestro territorio. En estos frentes, la administración kirchnerista está atada de pies y manos.
Daría la impresión de que los principales referentes del oficialismo han asumido la realidad y descuentan una derrota —que bien puede ser de proporciones— en las elecciones presidenciales. En público mantienen las apariencias y —por supuesto— nada dicen de sus escasas —por no decir nulas— chances de ganar dentro de doce meses. En privado, en cambio, los reproches van y vienen y crecen en intensidad conforme transcurre el tiempo, se acrecientan los inconvenientes, las soluciones brillan por su ausencia y las encuestas muestran números que asustan tanto a los pocos seguidores de Alberto F. como a los muchos que dentro del oficialismo piensan que no hay otra candidata fuera de Cristina.
La procesión —para citar un viejo y sabio refrán— va por dentro y pone al descubierto que hay relaciones astilladas, de recomposición improbable. La más notoria es la de los integrantes de la fórmula ganadora en los comicios de 2019. Pero hay otras de menor envergadura, aunque bien importantes de todas maneras. La mayoría de los capitostes de la CGT no toleran a los Moyano. Para los llamados movimientos sociales, “los gordos” de la central obrera representan la versión aggiornada de la burocracia sindical de los años setenta del siglo pasado. Los gobernadores peronistas consideran que el presidente es un inservible y, a su vez, desconfían de la vicepresidente y de La Cámpora, a las que todavía no se animan a criticar abiertamente. Todas las capillas y facciones integrantes del oficialismo actúan por las suyas y hablan pestes de los compañeros. Son los síntomas que anticipan la derrota.