El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres, que aumentaron de manera dramática para los inquilinos a partir de su aplicación, además de la reducción de la oferta de casas y departamentos por parte de los dueños porque mucho prefirieron dejarlas deshabitadas ante la baja del rédito económico a causa de la creciente inflación de los últimos años combinada con la desvalorización de dólares de las propiedades.
La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
La suspensión o derogación de la ley habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron a comienzos de semana el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar “el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida”.
“Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”, sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que “los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres “debe cambiar, pero no de cualquier manera”.
“Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades”, señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso “necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad”, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
“Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción”, explicaron desde la entidad inmobiliario.
Por eso, solicitó que se traduzca “no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos” en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
“La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad”, completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que “la ley de alquileres – sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional”.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que “los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados”.