El gobierno argentino le aclaró al venezolano que el Boeing 747 de carga de la empresa Emtrasur está retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde inicios de junio por orden de un juez federal, desligándose de las acusaciones de connivencia con Estados Unidos, al que el presidente Nicolás Maduro acusó de querer “robárselo”.

“El Gobierno no puede hacer nada porque (el tema) está judicializado, y el chavismo lo sabe”, advirtieron en la Casa Rosada, marcando el hecho de que la agitación desatada por Caracas se debe a una necesidad política interna luego del descongelamiento parcial de la relación con Washington desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mientras en la capital realizaban una marcha reclamando la “liberación” de la aeronave, el propio Maduro acusó este miércoles a su par Alberto Fernández de tener “secuestrada” a la tripulación del avión y, ahora que tiene un pedido de incautación de un juez estadounidense, que Washington quiere “robársela”.

El mandatario del país caribeño les pidió ayuda a “los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica y de la Argentina peronista” para lograr el “rescate” del Boeing de carga y de los “pilotos secuestrados”, que son iraníes.

“Tenemos dos objetivos: recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en la Argentina”, afirmó el jefe de Estado durante su discurso de cierre del llamado “Congreso de la nueva época” celebrado en Caracas.

A pesar de esta nueva estrategia de presión, el chavismo no reclamó por las vías oficiales ante el Gobierno argentino: no presentó una carta al flamante embajador ante Caracas, Oscar Laborde, como hubiera sido lo usual en un caso como éste, y se mantuvo en contacto por canales informales. Hasta esta semana, cuando comenzó la pirotecnia verbal.

La Asamblea Nacional de Venezuela, en la misma sesión donde el diputado Pedro Carreño le pidió a Alberto Fernández que demuestre “si es un títere del imperialismo”, aprobó una resolución que apunta a la Justicia argentina y que hoy le entregarán en mano a Laborde.

La carta de los senadores republicanos al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, para que “responda y ayude a la Argentina” con el posterior pedido de un juez del Distrito de Columbia para que se incaute el avión despertó la alerta en Venezuela.

El principal temor de Nicolás Maduro y los que lo rodean es que el pedido de Estados Unidos prospere, que la Justicia incaute el avión y que esa medida siente un precedente para otros litigios internacionales actuales y futuros de Venezuela. No sólo aviones, sino propiedades, activos y hasta incluso dinero, lo que en efecto ya sucede con el oro depositado en el Banco de Inglaterra, que fue puesto bajo custodia de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela con el apoyo de EEUU y medio centenar de países.