El Gobierno nacional denunció penalmente a primera hora de hoy, miércoles, a los jueces y fiscales involucrados en el chat que se filtró sobre un viaje a Lago Escondido por invitación del Grupo Clarín a la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
La denuncia fue presentada en la Justicia de San Carlos de Bariloche, y se suma a otra de hace 40 días del abogado local Marcelo Hertzriken Velasco, que también se presentó ante el Consejo de la Magistratura para pedir sanciones contra los funcionarios judiciales involucrados.
Los cargos que motivaron la presentación son inclumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, admisión de dádivas, cohecho agravado y tráfico agravado de influencias, entre otros previstos en el Código Penal.
Los apuntados por los chats son los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la AFI); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia; Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales de Clarín y sobrino del CEO, Héctor Magnetto).
Hertzriken Velasco consideró que, teniendo en cuenta la presentación efectuada hace casi dos meses, cuando se conoció la realización del viaje a la propiedad que Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea “tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso”.
“Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes”, señaló en su escrito el letrado.
El domingo pasado trascendió en contenido de unos chats que intercambiaron los involucrados, quienes presuntamente intentaban coordinar una versión falsa sobre esa excursión con la intención de evitar una investigación judicial por dádivas.
Hertzriken Velasco calculó la dádiva de los empresarios del mayor grupo de telecomunicaciones y medios del país a los jueces entre 5.000 y 10.000 dólares.
Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de “entorpecimiento investigativo”, y también pidió el secuestro de los teléfonos celulares de todos ellos, el allanamiento de los despachos de los magistrados y los resúmenes bancarios del último mes, entre otras medidas de prueba.
En el mismo pedido, el abogado solicitó el desafuero de los jueces y su llamado a indagatoria. Y la denuncia penal del Gobierno es casi una réplica de la suya.