La liga de gobernadores peronistas denunció un intento de proscripción de la vicepresidenta  Cristina Kirchner con la condena en primera instancia a seis años de prisión en la causa Vialidad conocida este martes. 

“El enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de Derecho”, advirtieron en un comunicado.

Los gobernadores se expresaron así pocas horas después de conocida la sentencia, y de que el Gobierno nacional denunciara penalmente a jueves, funcionarios y directivos del Grupo Clarín por el escándalo del chat de Lago Escondido.

Los mandatarios provinciales calificaron de “burdo” el proceso judicial y afirmaron que la condena tiene fines políticos. A la vez, compararon la pena impuesta sobre CFK con otros procesos políticos en la región como el atravesado por el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, afirmaron.

“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, denunciaron.

“Los fiscales y jueces actuantes, en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos”, añadieron.

“Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, continuaron.

Y concluyeron que los alegatos del juicio “nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.