El politólogo Diego Mazzoccone era el director de Asuntos Bilaterales y Multilaterales del ministerio de Defensa, que depende de la secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa a cargo de Francisco Cafiero. Es, además, secretario general del Partido Justicialista en la Comuna 12 de la Ciudad.

El miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial su designación como nuevo subsecretario de Asuntos Internacionales de la cartera que conduce Jorge Taiana. Según las columnas que publica asiduamente en medios oficialistas, es director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC) y master en Cooperación Económica Internacional de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing.

El ascenso de Mazzoccone no significa nada en sí mismo porque no se enmarca en un avance de posiciones de funcionarios “pro-chinos” en el gobierno argentino, algo supuestamente tan temido por EEUU según las posturas públicas expresadas por varios de sus representantes en el último tiempo, desde diplomáticos hasta jefes militares.

El gobierno de Alberto Fernández se caracteriza por una notable esquizofrenia en materia de política exterior: bajo la bandera del multilateralismo se esconde en realidad una notable confusión provocada por su permeabilidad a las presiones de todos lados. De Washington, de Pekín o de Moscú, según sea el caso. Y según sea el funcionario.

Sucede que no se trata de adherir a uno u otro bloque (en este Segunda Fría vuelve a ser, a grandes rasgos y con variantes, Occidente vs. Oriente) sino de instalar a la Argentina con inteligencia en un lugar expectante en el nuevo orden mundial, basando ese posicionamiento en un análisis racional de sus intereses nacionales y de las herramientas y las políticas para conseguirlo. Fortalezas y debilidades.

Pero la Administración Fernández navega, en una situación de extrema vulnerabilidad, entre la necesidad de acordar con los organismos financieros internacionales, negociar con China y Rusia en condiciones de extrema disparidad y sostener su papel de coliderazgo en la región, detrás de Brasil y México.

En el terreno de la Defensa, un rubro abandonado por todos los gobiernos democráticos desde 1983 tras el trauma nacional provocado por la dictadura cívico-militar (1976-83), no basta con declamar que las Fuerzas Armadas deben ser “tecnologizadas”, siguiendo el tono de la época, una vez conseguida su desactivación como factor político. Como en pocos aspectos la política de bloques se ve reflejada en los instrumentos militares y sus adyacencias: primero debiera existir un proyecto estratégico de país del que debería decantarse otro para su instrumento militar, en concordancia con los demás departamentos de la administración pública.

Una vez definido esto, podría diseñarse una nueva herramienta militar conjunta y a tono con la situación económica existentes, por demás restrictiva. Comprar cualquier cosa a crédito para tapar agujeros no es una política estratégica. Ni siquiera es táctica.

Luego vienen las restricciones externas. Argentina no puede reequiparse en Occidente, por el embargo impuesto por Londres tras la guerra de Malvinas, hace 40 años, pero hacerlo de otras fuentes como la china o la rusa implicaría una reconversión completa en la Fuerza Aérea, que desde hace mucho está prácticamente desactivada y es la única con capacidad ofensiva. De ahí que la golpeen de lleno las sanciones británicas. Y en el plano de la energía nuclear, aunque con claros fines pacíficos en nuestro país, tampoco parece una opción la construcción de la cuarta central atómica basada en los anunciados acuerdos con Pekín, que aunque aceptara financiar el 100 por ciento de la inversión necesaria (más de 8.000 millones de dólares) supondría un aumento muy significativo de una deuda externa que, a esta altura, está claro que es muy difícil honrar.

Por todo esto, la seguidilla de acuerdos con China firmados por los gobiernos de Cristina Kirchner, primero (2007-2015), y por Fernández, en el último tiempo, no conducen a nada concreto. Lo único real son los negocios con la explotación -y eventual industrialización- del litio, las energías renovables y algunos proyectos extractivos de gas y minerales. Lo demás, más allá de que le sirva al gobierno para mostrar su “multilateralidad” y hasta cierto progresismo, por contraponerse presuntamente a los designios de EEUU, es humo.

Lo mismo que los “cotos de caza” para funcionarios “pro-chinos”. Además de algunos negocios para merodeadores del poder sin bandera y comisionistas.