Espera por $4.000 millones adeudados de 2021 y se prepara para un tironeo duro con Economía por nueve veces ese valor en aportes extraordinarios del Tesoro.
La CGT entró en receso formal pero sin abandonar sus permanentes gestiones por fondos para las obras sociales: mientras aguarda que el Gobierno cumpla este mes con el desembolso de $4 mil millones para completar un aporte extraordinario comprometido por Alberto Fernández por 2021, sus principales dirigentes iniciaron gestiones para alcanzar este año los $35 mil millones en subsidios del Tesoro nacional. Se trata de recursos públicos que por primera vez el Estado argentino inyecta en las prestadoras sindicales de salud en la historia del sistema, con el argumento de asumir el valor de las prestaciones por servicios de educación y transporte para los afiliados discapacitados y compensar el incremento de costos que sufrieron esas organizaciones durante la pandemia.
Las tratativas tienen como protagonista central al jefe de Gabinete, Juan Manzur, el principal interlocutor de alto rango que la CGT tiene en el Gabinete del Frente de Todos. Por la central obrera la gestión sigue en cabeza de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el secretario de Acción Social permanente de la organización. La discusión está signada por la desconfianza de la dirigencia gremial hacia el Ejecutivo por lo que entiende una respuesta históricamente insuficiente a sus planteos, con el agravante de al no ser un año electoral desaparece del horizonte el principal impulso de cualquier administración de contentar al sindicalismo tradicional. A ese escenario se le suma un escollo mayor: la falta de Presupuesto 2022, argumento que puso en juego La Cámpora hasta ahora para diferir cualquier compromiso.
El tironeo por recursos atravesó toda la pandemia. Desde el inicio los gremios tradicionales le hicieron saber al jefe de Estado de la predisposición para prestar infraestructura y material humano al combate contra el coronavirus. Y que esa colaboración debería tener alguna consideración por parte del Gobierno para salvaguardar las finanzas de las obras sociales. A diferencia de las prepagas, que cuentan con las cuotas de sus afiliados (y la ventaja de haber reducido al mínimo todas las otras prestaciones durante la crisis sanitaria) las obras sindicales cuentan con los ingresos de los trabajadores que, si bien se actualizan por paritarias, sufrieron los embates de la parálisis de la actividad durante meses, despidos masivos en algunos rubros y reducciones salariales por suspensiones.