El texto, titulado “Con Lawfare, no hay democracia”, repudia el fallo de la Corte Suprema en el caso Ciccone.

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano; el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni; intendentes, diputados y senadores, entre otros dirigentes del oficialismo o aliados, firmaron una solicitada en repudio al Máximo Tribunal por confirmar la condena de cinco años y diez meses de prisión al exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

“Con Lawfare, no hay democracia”, titularon el texto, que fue apoyado también por funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y del bonaerense que conduce Axel Kicillof.

El documento expone lo que el kirchnerismo sostiene desde hace rato: que tanto Boudou como la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y otros exfuncionarios son objeto de persecución política a través del Poder Judicial.

La guerra jurídica o “lawfare” es un concepto que también usaron otros dirigentes en la región que enfrentaron procesos judiciales, como los expresidentes Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa en Ecuador. 

Además de las críticas a la condena de Boudou, la solicitada menciona la resolución que validó la Ley del Arrepentido en el marco de la llamada “causa cuadernos”, donde CFC es acusada de liderar una asociación ilícita para sacar provecho de contratos de obra pública.

“Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señala el texto K.

“La persecución política y el Lawfare, como los que sufrió y sufre Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP, devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas”, añade.

Y concluye que, “sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión”, la ratificación de la condena “pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizados”.

Luego de la confirmación de la Corte, el también exministro de Economía relacionó esa decisión con el proceso de “guerra jurídica” al que se hace mención en la solicitada. “El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares. (El juez Pablo) Bertuzzi hizo todo eso contra mí y le cobró a (Mauricio) Macri con el cargo de camarista federal. A (Alejandro) Vandenbroele le pagaron con un hotel. Macri fue el jefe de una organización criminal para perseguir y apretar jueces”, aseguró.

También criticó al presidente del máximo tribunal: “Seguramente muchos clientes de (Carlos) Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa. No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo. El presidente del tribunal que me condenó fue Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral. Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones”, insistió.