Medio millón de ciudadanos de la patria de Simón Bolívar se fueron solo a Ecuador en los últimos dos años, mientras que aumenta la población en los campos de inmigrantes en Brasil y Colombia es un hervidero. Una pesadilla social en medio del aislamiento del régimen de Maduro.

La emigración venezolana ha comenzado a desbordar a los gobiernos de la región, particularmente a Ecuador, que atraviesa una tragedia humanitaria y luego de recibir a medio millón de personas en dos años decidió endurecer las medidas de control y, simultáneamente, dejar la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

Los problemas de violencia y marginalidad afectan también a los campamentos de refugiados instalados en el norte de Brasil.

Desde 2014, dos años más tarde la muerte de Hugo Chávez, casi 2,5 millones de venezolanos dejaron su país, principalmente por razones económicas, y comenzaron una emigración sin antecedentes hacia los países vecinos y otros de América latina como Argentina, Uruguay y Chile. Por razones obvias, esta emigración es más calificada, sea por sus capacidades intelectuales o económicas. O por una combinación de ambas, pero esto no mitiga el dolor de dejar su país.

A Miami han emigrado la mayor parte de los venezolanos que han podido, la élite económica, que hace una década eligió a la “capital de América latina” como su destino.

Pero los principales países de la región buscan una respuesta coordinada ante el riesgo de que los servicios públicos se colapsen y la xenofobia crezca, como ya sucede con otras emigraciones, como la nicaragüense en Costa Rica.

La crisis social, económica y política de Venezuela dejó ya de ser un problema exclusivo del país caribeño y se ha convertido en un conflicto en ciernes en la region. Los países vecinos -y no tanto- ven cómo la llegada masiva de venezolanos amenaza con desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Se trata de lograr una respuesta coordinada a la crisis que, se da por hecho, se acentuará tras las últimas medidas económicas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro.

“Hay una preocupación generalizada ante un problema de dimensión humanitaria en toda su extensión”, resume un alto funcionario de una de las principales naciones del Grupo de Lima, el conjunto de países que decidió unirse para lograr una salida política y negociada a la crisis venezolana ante el fracaso de la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas individuales, pero la situación se vuelve insostenible.

Colombia es el termómetro con el que se miden todos los gobiernos. Desde que comenzó la crisis en el país vecino recibió ya a casi un millón de venezolanos. La mayoría ingresó vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para dar respuesta a esta situación, el ex presidente Juan Manuel Santos ideó una tarjeta migratoria que permitía el paso a los ciudadanos, un primer registro que sirvió para crear un censo migratorio, aún en desarrollo. A través de este sistema los migrantes tienen acceso a la salud, la educación y el mercado laboral de manera regular.

Los venezolanos que siguen la ruta hacia el sur de la región -a países como Ecuador, Perú y Chile- recorren los más de mil kilómetros que separan la frontera con Venezuela de la ecuatoriana en ómnibus. Ante la magnitud de los desplazamientos las autoridades colombianas son conscientes de que no pueden exigir el pasaporte como requisito de entrada al país, como han decidido Ecuador y Perú para controlar la oleada migratoria. “Sabemos que su gobierno no los está expidiendo, pedirlo es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios”, consideró Christian Krüger, director de Migración Colombia.

Sin políticas públicas. Las fronteras de Colombia no tienen control estatal, dominadas por los grupos armados dedicados al tráfico de drogas, combustible, madera y minería ilegal. Las ciudades de los margenes conviven desde hace décadas con su particular crisis que no solo es de seguridad sino que les niega el acceso a servicios básicos de calidad. La situación de estas comunidades se agrava más de lo que ya está si los venezolanos que se van de su país se quedaran allí, confinados.

“Las medidas adoptadas hasta el momento no forman parte de una política pública integral, cada Estado dentro del margen de su soberanía ha tomado sus medidas de manera independiente”, opina María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá. “Se puede calificar de asistencia humanitaria”, añade. “Hay heterogeneidad y poca consistencia con lo que se ha hecho”, profundiza Dany Bahar, investigador de Brookings Institution, para quien lo más urgente es lograr un consenso regional. “No hay otra solución, la solución a los problemas más obvios, como el colapso de los servicios de salud, va a depender de las políticas públicas que se apliquen, los gobiernos tienen que mirar por las ventajas que trae la inmigración”.

Los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas condiciones físicas o, como ya ocurrió en Brasil, con enfermedades que deben tratarse con urgencia. Más allá, existe un problema con los documentos legales ya que las exigencias de los países varían dependiendo al que se desplacen.

Ecuador y Colombia son los dos países que están impulsando iniciativas para lograr una respuesta coordinada a la crisis migratoria. Entre los que no comparten frontera, México, Chile y Argentina son los más activos. En el caso del gobierno del ecuatoriano Lenin Moreno, pretende involucrar a las autoridades venezolanas, algo que, de lograrlo, ven con buenos ojos en el Grupo de Lima, donde no está Ecuador.

Colombia, por su parte, quiere ir más allá y lograr el involucramiento de la ONU a través del Acnur y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El Grupo de Lima tampoco quiere dejar de lado a la OEA, cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, convocó una reunión extraordinaria para abordar este problema.

Los expertos y fuentes oficiales critican que se ha reaccionado con lentitud ante la crisis migratoria. Consideran que el deterioro de Venezuela ha sido muy rápido y la hiperinflación ha agudizado el desplazamiento masivo. A esto se suman los esfuerzos frustrados de lograr una salida a la crisis política.

Desde el Grupo de Lima aseguran que la presión contra Maduro continuará pero en varias de las cancillerías de los principales países cunde el desánimo ante la debilidad de la oposición venezolana. “Hay que mantener ciertos límites porque no hay unión en la oposición y cada vez es mayor el distanciamiento entre la oposición y la sociedad”, explica una de las fuentes.

En pocas ocasiones Maduro se refiere a la salida masiva de venezolanos del país y cuando lo ha hecho, la ha minimizado. “El gobierno es muy claro, si no quisiera que se fuera la gente, cerraría las fronteras”, sostiene Bahar. “Maduro se convirtió en una amenaza estratégica para la región”, afirma por su parte Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos. En su opinión, la crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo en Cuba. Si bien, aquella se produjo en distintas oleadas. “La gran diferencia es que Cuba es una isla, Venezuela puede expulsar millones de personas de forma mucho más rápida”, graficó.