La Justicia comunicó este jueves los fundamentos de la sentencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al resto de los condenados por el juicio de las causa Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

A partir de este momento se abre el período de apelaciones, que se prevén tanto de parte de las defensas como de los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, dentro de un plazo de diez días hábiles.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron a conocer los detalles de la condena a seis años de cárcel para la vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, que para el kirchnerismo es la “proscripción” de la líder del Frente de Todos pese a que la sentencia todavía no está firme.

El TOF 2 sostiene que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”, según consta en los fundamentos de 1.616 carillas difundidos esta mañana.

La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.

Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.

En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces habían argumentado que se probó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Los tres jueces como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.

Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.

En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.

Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.