El financiamiento de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal produjo una novedad significativa en la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi: en uno de los allanamientos que del jueves pasado encontraron cerca de 50.000 dólares que pertenecerían a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que ganó fama lanzar antorchas encendidas a la Casa Rosada y por pedir “bala para los kirchneristas”.
Este hallazgo se suma a los 13 millones de pesos que habrían pasado por las manos de su socio, Jonathan Morel, como supuestos pagos de Caputo Hermanos, una sociedad ligada a la familia de Luis “Toto” Caputol, exministro de Finanzas de Mauricio Macri.
Mientras la justicia los investiga, Sosa, Morel, Gastón Guerra y Sabina Basile -la hija del ex DT de la Selección Argentina- continuarán detenidos ya que el juez les rechazó la excarcelación.
50.000 dólares “efet”
El jueves último, Martínez de Giorgi ordenó detener a cuatro integrantes de Revolución Federal por incitar a la violencia y en uno de los allanamientos realizado en Villa Ballester, los investigadores encontraron 50.000 dólares. Según la información que recabó Página/12, serían 465 billetes de 100 dólares, 51 de 50 dólares y cuatro de veinte.
Sosa no aceptó declarar en indagatoria ante Martínez de Giorgi. Como a Guerra, los patrocina Gladys Egui, la abogada que vive junto a Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner. No tuvo oportunidad, hasta ahora, de explicar por qué tenía ese monto en su poder. En Comodoro Py, esperaban que Sosa y Guerra hicieran un descargo por escrito.
Morel y Sosa son los fundadores de Revolución Federal y se habrían conocido en abril de este año en un espacio libertario pero decidieron avanzar con una construcción política más operativa: los dos jóvenes consideraban -decían- que los libertarios eran demasiado “tibios”.
El viernes, Morel declaró ante el magistrado y se mostró colaborativo, ofreció sus contraseñas y habló del grupo, de que no se considera líder, y mencionó que era Sosa quien gestionaba las redes de Revolución Federal, que se crearon en mayo de este año.
El viernes, Morel declaró ante Martínez de Giorgi. Se mostró colaborativo, ofreció sus contraseñas y habló del grupo. Dijo que no se consideraba líder de la organización y mencionó que era Sosa quien gestionaba las redes de Revolución Federal, que se crearon en mayo de este año.
Hay un dato que consignó el fiscal Gerardo Pollicita en su dictamen: en el Instagram de Revolución Federal se promocionaba un alias de Mercado Pago para recibir donaciones, cuenta que estaba asociada a Sosa. Habrá que determinar ahora si el dinero está vinculado a la actividad de la agrupación o si tiene un origen distinto.
Los pagos de Caputo
Morel dijo haber recibido alrededor de 13 millones de pesos en pagos de Caputo Hermanos por la confección de muebles que irían a Neuquén. Después explicó que, en realidad, no hizo el mobiliario sino que lo tercerizó y que se ocupó también de que llegara a destino. Lo curioso es el golpe de suerte del muchacho que abrió una carpintería en Boulogne, aprendió el oficio por YouTube y se topó con Rosana, hermana de “Toto” Caputo.
A última hora del sábado, Martínez de Giorgi resolvió que Sosa, Morel y los otros dos integrantes de Revolución Federal seguirán detenidos y dispuso su alojamiento en sedes del Servicio Penitenciario Federal.
La medida incluye a Sabrina Basile, la hija de Alfio “Coco” Basile, el exdirector técnico de la Selección Argentina de fútbol. Los investigadores creen que Sabrina es la misma persona que doce días después del atentado a CFK renunció como empleada de la Anses con un salario cercano a los 300 mil pesos. Martín Sarubbi, el abogado de Sabrina Basile, le dijo a Página/12 que en realidad se trata de la hermana de su defendida.
Martínez de Giorgi les negó las excarcelaciones porque hay medidas de investigación en marcha que podrían “guardar vinculación” con el atentado a CFK que investiga su colega María Eugenia Capuchetti, que por ahora se resiste a unificar las causas y a vincular a este grupo con el atentado. El juez también explicó que aún resta analizar celulares y notebooks que podrían arrojar información sobre personas desconocidas y a quienes los cuatro integrantes de Revolución Federal podrían presionar.
Fuente: Página/12 y agencias