El pasado 22 de septiembre, las tres comisiones de la Cámara de Diputados que tienen competencia en el tratamiento de la ley de conservación y uso de los humedales (Ambiente, Agricultura y Presupuesto) se reunieron en un plenario en el que trataron una decena de proyectos presentados por diputados de distintas bancadas.
La aspiración, seguida de cerca por organizaciones ambientalistas que se manifestaban fuera del Congreso y por intendentes de ciudades afectadas pos los incendios en humedales del Delta del Río Paraná (como el rosarino Pablo Javkin) era alcanzar un dictamen de consenso para unificar posiciones y concebir una ley nacional que establezca un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, como marca el artículo 41 de la Constitución.
La reunión acabó en un cuarto intermedio con la promesa de volver a encontrarse el 29 de septiembre, pero eso nunca ocurrió y mediante una carta algunos presidentes de bloque (Germán Martínez, del FDT; Mario Negri, de la UCR; Cristian Ritondo, del PRO; entre otros), pidieron una nueva postergación para “escuchar a los gobiernos provinciales” (sobre todo a los que tienen recursos mineros como el litio, que también se encuentran dentro de lo que se denomina “humedales”) que habían hecho saber su oposición a una noma que vendría a coartarles el derecho a explotar como quieren sus territorios.
“Las leyes se tratan, no se despachan”, había avisado ya Ricardo Buryaile (UCR), presidente de la comisión de Agricultura, buscando ganar tiempo. Y así el lobby logró que no sólo no se “despachara”, sino que ni siquiera se tratara.
“Estos presidentes de bloque han hecho el intento de cajonear estos proyectos y este debate. Y lo hicieron por fuera del reglamento de la cámara. Ha habido una suspensión sin aviso, intempestiva, por pedido de gobernadores que hacen un planteo que tampoco es razonable”, dijo en AM/PM por Radio 2 el diputado santafesino Enrique Estévez, quien había presentado la moción de emplazamiento para que se votara la realización del plenario del 22. Para Estévez, esta debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones que realizaron el plenario y no de manera arbitraria por los presidentes de bloque de un cuerpo colegiado, en donde los 257 votos cuentan.