En una carta publicada en sus redes en las primeras horas del nuevo año, el presidente Alberto Fernández adelantó que pidió a los gobernadores que lo acompañen en un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y para investigar a los otros miembros del máximo tribunal y a funcionarios del Gobierno porteño.
Lo hizo en el marco del conficto por el fallo que obliga al Poder Ejecutivo nacional a restituir a la Ciudad los fondos coparticipables que le quitó en el año 2020.
En el extenso texto, AF hizo un repaso de su gestión económica en el año que terminó; también celebró la Copa Mundial obtenida por la Selección de Lionel Scaloni.
Sin embargo, a mitad del texto comienza a apuntar contra los cortesanos. “Hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia“, apuntó.
En ese sentido, sostuvo que el Consejo de la Magistratura fue “manipulado con insólitas interpretaciones” que le permitieron a la cúspide del Poder Judicial “meterse en las decisiones” del Congreso.
Esta mención es por el fallo que anuló una polémica decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al dar marcha atrás con los nombramientos de representantes de la Cámara baja en el estratégico Consejo.
“Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”, anunció Alberto F..
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, adelantó.
También, que le pidió al ministro de Justicia, Martín Soria, que presente denuncias penales contra funcionarios del Gobierno porteño para investigar si hubo actos de corrupción con empresas.
“Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad”, cerró Fernández.
Desde el kirchnerismo duro venían presionando al primer mandatario para que avance contra Rosatti y le pida el juicio político. “Hay un conflicto de poderes, y esto se resuelve a través del juicio político a la Corte. Lo debe pedir el presidente y no hay nada que se lo prohíba. Existe en la actualidad una distorsión del sistema judicial y un vacío de derecho”, sostuvo hace unos días el legislador “cristinista” Leopoldo Moreau.
El exdirigente radical consideró que el Presidente debía intervenir porque el Máximo Tribunal tiene intenciones de “sustituir al Poder Ejecutivo” e “intenta gobernar” a través de sus fallos.
El juicio político, un proceso complejo
El juicio político es el instrumento legal para desplazar a altas autoridades del país como el presidente, el vicepresidente y jueces de la Corte Suprema, pero requiere un complejo proceso con la intervención de las dos cámaras del Congreso y mayorías especiales en ambas para poder llegar a una destitución.
El trámite es presentado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que usualmente suele archivar las presentaciones. En los últimos cinco años, por ejemplo, se hicieron casi 50 pedidos y ninguna prosperó, y solo en 2022 el Presidente recibió ocho denuncias, y en los últimos veinte años solo cuatro funcionarios fueron removidos.
En caso de ser aceptado el pedido, se iniciaría un sumario que puede incluir pedidos de pruebas tales como citaciones a testigos o información a jueces; luego, la Comisión emite un dictamen que requiere el aval de la mitad más uno de los miembros presentes.
A continuación la solicitud pasa al recinto, donde hace falta una mayoría de dos tercios para que se apruebe, y uno de los miembros de la Cámara actúa como acusador ante el Senado.
La Cámara alta, por su parte, lo recine para decidir con otraa mayoría de dos tercios de los presentes si aprueba o no la destitución.
Es un proceso largo, complejo, y que requiere de consensos en el Congreso que hoy el kirchnerismo no tiene.
La última destitución ocurrió en 2005, cuando fue removido el juez de la Corte Antonio Boggiano.