El fiscal Diego Luciani pidió hoy, lunes, una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez en el proceso que sigue el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

La titular del Senado y dos veces expresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luciani consideró que la exjefa de Estado “desafió” al TOF 2 al manifestar, en su declaración indagatoria al comienzo del juicio, que “la historia” la iba a “absolver”, ya que -consideró el fiscal- “ella sabe que el único que absuelve en un estado de derecho es el tribunal”.

El fiscal federal Sergio Mola sostuvo hoy que el fraude contra el Estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, y Luciani pidió el decomiso del dinero y de las propiedades de las sociedades pertenecientes a los acusados que fueron compradas con ese dinero.

Además, pidió la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan sido funcionarios durante los hechos que se juzgan en este proceso. Los acusados en el juicio son: Cristina Kirchner, Báez, Julio De Vido, Abel Fatala, José López, Carlos Kirchner, extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.

Antes de que el fiscal hiciera público su pedido de condena, Cristina Kirchner le había pedido a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria para la “audiencia de mañana”.

Luciani planteó en diversas ocasiones en los alegatos que Báez “era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, en relación a los expresidentes, y el viernes tanto él como su colega Sergio Mola dieron por probado que entre 2003 y 2015 hubo manejos arbitrarios en los gobiernos de ambos para beneficiar a Báez con el direccionamiento de contratos.

Luciani habló de “doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en los que advirtió que se “realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”. Dijo que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.

El viernes, Luciani mostró más chats del exsecretario de Obras Públicas José López, uno de los juzgados en el proceso, que comprometen a la expresidenta. En las capturas se ve que el exfuncionario pedía información a la empresa de Báez “para que la Señora vea y tome decisiones”, en relación a la Vicepresidenta. El fiscal dijo que eso “es gravísimo” y que “la planificación del cierre de las empresas venía desde la Presidencia de la Nación”.

Luciani mostró mensajes entre López y el extitular de Austral Construcciones Julio Mendoza del día 30 de noviembre de 2015 en el que se mencionaba una reunión entre Báez y “la Sra”, y la información de diarios de ese momento que afirmaban que CFK estaba en Santa Cruz. El fiscal dijo: “Después de haber visto la elocuencia de estos mensajes, sobran las palabras”.

Luego consideró que se iba “delineando el relato” a partir de mensajes. “López decía: ‘Yo no defino’. Claro, definía la expresidenta”, y luego planteó: “Austral Construcciones fue un ‘eslabón y engranaje’ para sustraer fondos del Estado. Tal es así que, cuando concluyó el mandato de Cristina Kirchner, por orden de la expresidenta, desapareció”.

El veredicto en este proceso, que la exmandataria dijo en su exposición que “ya está escrito” de antemano y es condenatorio, previsiblemente será apelado por sus letrados, por lo que el proceso hasta llegar a una condena firme, en caso de aquí ocurriera, puede llevar más de un año, por lo que la titular del Senado no verá impedida una eventual candidatura a las elecciones del año próximo.