La Agencia Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) allanó la mansión del expresidente Donald Trump en busca de documentos secretos sobre armas nucleares que “podían estar en peligro”, reveló este jueves The Washington Post.
Una decisión así “no se toma a la ligera”, subrayó el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en referencia al operativo, que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos.
Las fuentes del diario de la capital estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato, no aclararon si se trataba de documentos sobre el arsenal nuclear de EEUU o sobre armamento nuclear de otro país. Tampoco explicaron si los agentes que registraron durante horas la residencia encontraron lo que buscaban. Y ni el Departamento de Justicia, ni el FBI ni Trump han aclarado las dudas. Lo que sí se supo es que el procedimiento se decidió -incluso sin informar previamente al actual mandatario, Joe Biden- porque se temía que acabaran en las manos equivocadas.
La orden de allanamiento podría dilucidar estas cuestiones y el departamento de Justicia ha presentado una moción ante el juzgado del Sur de Florida para que permita que se haga pública, al igual que algunos anexos y que el recibo con la lista de documentación incautada. Los analistas se preguntan con qué fin habría retenido Trump esa documentación. Y ninguna de las conclusiones es que fuera legal.
Trump tiene la posibilidad de difundir la orden judicial y el recibo, pero por ahora no lo ha hecho y sus seguidores reclaman en todos los tonos por lo que consideran un acto ilegal ordenado por Biden. El fiscal condicionó su publicación a que el expresidente no se oponga, pero negarse a ello iría en contra de los insistentes pedidos de explicaciones de sus propios adherentes.
En el pedido al juez de hacer pública la orden de registro, un documento de cinco páginas, el departamento de Justicia argumentó que aunque solicitó inicialmente mantener la orden y sus anexos en secreto, el allanamiento ya se ejecutó, Trump informó sobre él y sus representantes han hecho declaraciones públicas de los materiales buscados. “El claro y poderoso interés del público en entender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor del levantamiento del secreto”, concluye el escrito.
La discusión legal y pública entre los abogados de Trump y los Archivos Nacionales, que le vienen reclamando hace meses que devuelva cientos de documentos, incluidos muchos secretos y clasificados, polarizó aún más a la sociedad estadounidense y elevó la tensión entre los sectores ultraderechistas y el gobierno federal.
Los “trumpistas” consideran que el multimillonario es un perseguido político y sus antagonistas, que busca todas las maneras de evitar ir preso cuando hay suficientes causas que lo justifican, tanto por sus manejos financieros poco claros como por su aliento a la rebelión de supremacistas blancos el 6 de enero del año pasado, que tomaron por asalto el Capitolio para evitar que Biden fuera proclamado ganador de las elecciones del 20 de noviembre de 2020.