La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner a manos de Fernando Sabag Montiel, cuyo celular se reseteó automáticamente mientras era peritado, lo que generó una controversia entre el juzgado a cargo de la causa y dirigentes de la oposición.
El dispositivo del detenido por la agresión a CFK podría perder información considerada de importancia para la causa porque se formateó cuando lo incautaron, por lo que peritos especializados de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron citados a declarar este domingo ante la magistrada. El reseteo puede estar programado o puede hacerse de manera remota, indicaron.
Fuentes judiciales señalaron a la agencia NA que esa es un posibilidad latente, pero confían en que “pueda recuperarse toda la información” del aparato, para lo cual la jueza no descarta pedir colaboración a expertos estadounidenses.
En paralelo, el peritaje sobre la pistola Bersa 32 semiautomática con la que Sabag Montiel gatilló dos veces sobre la cabeza de la presidenta del Senado en la noche del jueves, permitió establecer dos cuestiones claves en una futura acusación: que estaba en condiciones de ser disparada; y que las cinco municiones que tenía en su cargador era reales y tenían capacidad para matar.
¿Peritaje fallido?
El “smartphone” de Sabag Montiel, imputado del delito de “homicidio calificado en calidad de tentativa”, se reseteó cuando un perito intentaba extraer información, lo que generó criticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron “respuestas” a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la investigación y las fuerzas de seguridad.
Para explicar ese incidente técnico declararon desde las 9 los dos técnicos de la PSA a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono. También fueron convocados los policías federales que habían manipulado antes el teléfono.
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche y esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de la custodia personal de la jueza Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
Esta circunstancia disparó las alarmas, tanto judiciales como políticas, y las redes sociales se llenaron de versiones conspirativas basadas en la desconfianza sobre la Justicia en una causa con graves implicancias institucionales.