Patricio Finnen fue durante buena parte de la democracia uno de los hombres más influyentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Creador de la lúgubre Sala Patria para recapturar a Enrique Gorriarán Merlo y gestor del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA, hasta ahora había salido indemne del juicio por el encubrimiento del ataque terrorista. Pero no hay impunidad que dure mil años, y la Justicia le tocó la puerta a Finnen por su rol durante los años de la dictadura.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención y las de otros cinco exintegrantes de la SIDE por su actuación en Automotores Orletti, en la base de la calle Bacacay y en un tercer lugar, ubicado en Pomar y Chiclana, que fue identificado por el magistrado como otro centro clandestino de detención.
Rafecas también dispuso la detención de Luis Nelson González, conocido en la SIDE como “Pinocho”, que era la mano derecha de Finnen y en los años noventa fue uno de los enlaces entre los servicios y el Poder Judicial, particularmente uno de los interlocutores del juez Juan José Galeano en el caso AMIA.
Los otros represores detenidos son Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Hugo Ángel Carlet. La orden también incluía a Daniel Oscar Cherutti, pero, al no poder hallarlo porque viviría en Italia, Rafecas dictó su captura internacional.
Todos ellos habrían sido parte de la banda de Aníbal Gordon, que estuvo a cargo de tres lugares distintos que funcionaron como centros de detención, tortura y exterminio.