La Cámara Federal porteña ordenó este miércoles reabrir la investigación sobre la demora del Ejército en apelar un fallo en su contra que permitió la entrega de tierras a un grupo mapuche en las afueras de Bariloche, Río Negro.
Las tierras en cuestión son 180 hectáreas ubicadas a 12 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche donde funciona la Escuela Militar de Montaña y los descendientes de aborígenes dicen que les fueron cedidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en reconocimiento de la posesión previa a la organización del Estado Argentino.
El Ejército se demoró en presentar su apelación ante la sentencia de primera instancia que le daba las tierras a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue y ahora ese fallo podría quedar fime.
En ese marco, la Cámara Federal señaló este miércoles que se podría “estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública – quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores- que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”.
El juez federal Daniel Rafecas había dicho que no había existido delito y había sobreseído a los denunciados: Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La orden de la Cámara Federal llega en momento de extrema tensión en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, tras la detención de siete mujeres en el operativo que tuvo lugar el martes para desalojar los predios usurpados por la agrupación Lafken Winkul Mapu.