La defensa del ex secretario de Transportes pidió la nulidad de la pericia que realizó la UBA en once computadoras de su principal asesor.

El ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, intenta dejar sin validez legal una sorpresiva prueba en su contra que amenaza con complicar todavía más su situación, si fuera posible, tanto en la causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito como en otras donde se analizan contrataciones o fallidos anuncios bajo su gestión, como el famoso “tren bala” Buenos Aires-Córdoba.

Su defensa acaba de presentar al juez federal Norberto Oyarbide un planteo para que el magistrado declare la “nulidad” de una extensa pericia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que recuperó de las computadoras de un ex asesor “ad honorem” del ex funcionario, Manuel Vázquez, más de 15.000 correos electrónicos y otros documentos de texto con información clave para todas las causas judiciales.

La pericia llegó al despacho de Oyarbide a mediados del mes pasado y el juez de inmediato envió a otros dos juzgados y a sus fiscalías, a cargo de Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, los correos con datos que podrían ser de interés para causas que se tramitan allí con Jaime como sospechoso.

Vázquez fue el principal asesor del secretario de Transporte y si bien no percibía un salario por esa función su dedicación era total, algo que evidencian los miles de correos cursados en esos años, que fueron borrados de once computadoras personales cuando su jefe dejó el cargo.

Pero las máquinas fueron secuestradas por la Policía Federal y los e-mails recuperados por peritos de la UBA y así se abrió una “caja de Pandora”: “En uno de los correos se habla de la compra de un piso en avenida Figueroa Alcorta, por ejemplo, a nombre de una empresa y en la misma computadora se rescató un archivo de Word de dos meses antes con un borrador de la misma operación pero donde figuraba Silvia Reyss, la esposa de Jaime, como adquirente”, reveló una fuente con acceso a la causa a Gaceta Mercantil.

Esto dejaría en evidencia que Vázquez, investigado como posible testaferro o facilitador de operaciones para Jaime, había barajado la compra del costoso inmueble a nombre de la mujer y después hizo marcha atrás y se lo colocó a nombre de una empresa, “Clamarán SA”.

Esta firma fue creada con un capital social de doce mil pesos en octubre de 2009 y la compra se hizo unas semanas después.

La propiedad tiene 250 metros y estaba valuada en casi medio millón de dólares. Cuando fue allanada estaba vacía pero poco antes, en un procedimiento similar en el departamento donde sí vive Jaime sobre avenida del Libertador, se encontró un recibo de expensas de ese inmueble.

En una de sus declaraciones juradas como funcionario público, Jaime llegó a hacer constar que tenía un rojo de siete mil pesos en sus bienes, recuerdan quienes lo investigan, y agregan que no hay movimientos bancarios de su dinero ni manera de justificar que sea eventual propietario de este departamento o un costoso yate que ya está embargado y que, de hecho, Vázquez tenía permiso para retirar del embarcadero.

La defensa de Jaime acaba de presentar un pedido de nulidad de la pericia -lo que invalidaría los correos como prueba de cargo- con el argumento de que no fue informada para ejercer el debido control y tiene dudas sobre la preservación de las computadoras cuando estuvieron en poder de la Policía Federal.

Desde el juzgado aseguran que se notificó a la defensa de Jaime y que incluso desde esa parte designaron peritos que nunca aparecieron por la UBA. Además, sostienen que la Federal sólo actuó haciendo una pericia superficial de las máquinas y que el trabajo de fondo de recuperación de archivos borrados estuvo a cargo de los peritos universitarios.

Todo hace suponer que Oyarbide rechazará el planteo en los próximos días, tras lo cual el tema llegará a la Cámara Federal.

Mientras tanto los correos electrónicos donde aparecen datos sobre dos concesiones, las terminales de ómnibus de Mar del Plata y de Bahía Blanca, están en manos del fiscal Pollicita, quien ya dictaminó que deben investigarse irregularidades.

Y los que nombran a la empresa Alstrom -que debía realizar el fallido “tren bala” – están en el despacho de Stornelli, a cargo de investigar si allí hubo delito o intento de cometerlo.

Jaime ya está procesado por dádivas a raíz de haber aceptado viajes gratuitos de una empresa que debía controlar y tiene fecha de indagatoria por el pago de los alquileres de su vivienda por parte de TEBA S.A., la concesionaria de la estación de ómnibus de Retiro.

Y el fiscal federal Carlos Rívolo trabaja “contrareloj” para tener listo antes de fin de mes el requerimiento que impulsará los cargos en contra de Jaime por enriquecimiento ilícito.