Fue al abocarse a una causa contra el ex presidente electo y de facto Juan María Bordaberry. Es la segunda vez que lo hace. Un plebiscito revocatorio no tuvo éxito en 2009, cuando fue electo el presidente José Mujica, y tres senadores del oficialismo -dos de ellos ex tupamaros- anticiparon que no avalarían una nulidad parlamentaria.

La Corte Suprema de Justicia de Uruguay declaró hoy la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad que en 1986 les dio impunidad a militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-1985).

El máximo tribunal opinó en el caso concreto de veinte asesinatos que forman parte de la causa contra el ex presidente electo y de facto Juan María Bordaberry.

Esta es la segunda vez que la Corte declara la inconstitucionalidad de esa ley. Seis días antes del frustrado intento de anularla en el plebiscito del 25 de octubre de 2009, en coincidencia con la última elección presidencial, dictó un fallo similar en el caso de la asesinada militante comunista Nibia Sabalsagaray.

El Frente Amplio, la coalición de izquierda en el poder, busca por su lado conseguir la aprobación en el Senado de un proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad, iniciativa que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados pero no reúne los votos suficientes en la Cámara Alta.

Según el senador Eleuterio Fernández Huidobro, un ex “tupamaro” que compartió 12 años de cárcel con el presidente José Mujica y otros guerrilleros durante la última dictadura, afirmó que el proyecto (de anular algunos artículos de la ley de Caducidad) “está muerto” porque es “inconstitucional”.

“El Ñato”, como se le conoce popularmente, se sumó así a sus compañeros de bancada en el Frente Amplio Rodolfo Nin Novoa, vicepresidente del país entre 2005 y 2010, y Jorge Saravia, que ya habían anticipado su rechazo a la iniciativa oficial.

Estos tres votos en contra, más los de los bloques de los Partidos Nacional y Colorado, que anticiparon su negativa a aprobar el proyecto, impedirían que sea aprobado en la Cámara alta.

“No se trata sólo de no tener los votos ahora, sino que si los tuviera, tampoco se podría mantener. Hay que ser realistas. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas, que si lograra los votos para su aprobación, la Suprema Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato”, agregó el Fernández Huidobro.

Ante esta situación se aplazó, sin fecha, el tratamiento en el Senado de un proyecto impulsado por el actual canciller, Luis Almagro, con el argumento de adecuar la legislación nacional a los convenios internacionales del país en materia de derechos humanos.

De esta manera, el proyecto busca evitar sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesionará en Quito el 15 de noviembre por el caso de la desaparición en Montevideo de Claudia García, secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, tras dar a luz a Macarena, su nieta.