Los millones de latinos que viven en Estados Unidos volverán a ser clave en las presidenciales del 2012. Consciente de ello, Barack Obama reflotó la promesa incumplida de una nueva ley migratoria, mientras los republicanos los acusan por los altos índices de desocupación. Quien logre imponer su discurso tendrá media elección ganada.

Por Jorgelina Perez

Unos 50 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos podrían convertirse el año próximo en el grupo clave que incline la balanza a favor de Barack Obama en las elecciones presidenciales de noviembre y le permitan quedarse en la Casa Blanca otros cuatro años. Aunque el presidente norteamericano no logró aprobar la reforma migratoria prometida durante su anterior campaña, el Partido Demócrata volverá a apostar por los hispanos, que en 2008 le dieron al actual mandatario el 67% de sus votos.

“Sé que algunas personas se frustraron porque no conseguimos todo lo que quisimos conseguir. Hubo momentos en los que yo también me frustré”, admitió hace poco tiempo Obama en un discurso durante un acto de recaudación de fondos en California. “Nuestro trabajo no ha terminado, recién estamos comenzando. Tenemos que aprobar una reforma migratoria integral porque somos una nación de inmigrantes”, agregó.

Pero a pesar de las promesas, activistas pro-inmigrantes hispanos le exigen que, al menos en forma transitoria, utilice sus facultades presidenciales para cesar las deportaciones de indocumentados y evitar que participen en ellas las policías locales y la oficina de Inmigración y Control de Aduanas. Es que en los últimos tiempos las deportaciones alcanzaron cifras récords y en los Estados gobernados por el Partido Republicano se sancionan leyes cada vez más duras contra los ilegales.

Los republicanos no sólo no centran la atención en el voto hispano, sino que todos sus precandidatos para 2012 ya se pronunciaron en contra de la reforma migratoria, por lo que tienen una alta imagen negativa entre la población latina.

Pero Obama sabe que este grupo se convirtió en un elemento clave para ganar su primera Presidencia y cree que esa situación volverá a repetirse dentro de veinte meses, según estima la mayoría de los analistas. Los hispanos conforman el segundo grupo social más numeroso del país después de los blancos no hispanos, y crece casi siete veces más rápido que los demás.

Decepción y reclamos. Gran parte de la comunidad hispana que fue determinante en las últimas elecciones presidenciales está desanimada por la promesa incumplida de Obama de que el país tendría una nueva ley migratoria y por el aumento de deportaciones registrado en los últimos años.

“Recién estamos saliendo de la sorpresa de que esto nos está pasando con un demócrata. Y no sólo con un demócrata afroamericano sino con un descendiente de esclavos, que sabe lo que es inhumano, lo que significa una separación familiar”, aseveró Juan José Gutiérrez, dirigente de la Coalición para los Derechos Plenos de los Inmigrantes.

El reclamo se debe a que, a pesar de la voluntad del Partido Demócrata de modificar la legislación, los números son evidentes. El año pasado, la deportación de indocumentados alcanzó a 393.000 personas y en 2009, a otras 387.790. Estas cifras representan un aumento de más del 5% con respecto a los números registrados durante la presidencia del republicano George W. Bush.

“Es difícil tener paciencia y quitarle (a Obama) la responsabilidad y poder que tiene y podría usar para asegurarse de que la implementación de las leyes sea humana, se apliquen excepciones; pero no las quiere aplicar en favor de nuestra comunidad”, agregó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.

Entre las medidas que provocaron el mayor rechazo de los inmigrantes están los dos programas que permiten que las policías de cada ciudad o Estado firmen acuerdos con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y puedan verificar el status migratorio de las personas que capturan.

La ICE acaba de anunciar que iniciará una nueva ronda de auditorías para asegurarse de que todas las empresas contraten sólo a personas que tengan los papeles en regla. Para ello ya notificaron a un millar de compañías “de todos los tamaños y de todos los estados” de que comenzarán a inspeccionar las planillas I-9 que llenan los empleados y sus documentaciones.

“Nuestro enfoque en empresas relacionadas con importante infraestructura y recursos clave es acorde a nuestra prioridad como agencia de minimizar las amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”, afirmó la vocera del ICE, Gillian Christensen.

Estados antiinmigrantes. Los Estados de Arizona, Georgia y Utah ya cuentan con leyes contra la inmigración ilegal y se discuten iniciativas similares en los parlamentos de Alabama y Florida. También hay propuestas en Idaho, Missouri, Texas, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte y Colorado.

A lo largo del país, muchas ciudades siguen los pasos de Arizona, que sancionó su famosa y polémica ley SB1070, que permite que los policías detengan a una persona si tienen una sospecha de que se encuentra ilegalmente en el país.

El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, promulgó este mes la llamada Ley de Traspaso de Indocumentados (ley HB56), considerada más dura aún que la ley SB1070 de Arizona.

No sólo autoriza a la policía a detener a cualquier persona si tiene una “sospecha razonable” de que se trata de un inmigrante ilegal, sino que también niega el acceso a la educación superior a inmigrantes sin papeles y obliga a las empresas radicadas en ese estado a utilizar el programa federal E-Verify, vigente desde 1997, para chequear el status migratorio de sus empleados, penalizando a quienes contraten indocumentados. En el estado de Alabama viven entre 50.000 y 70.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría proveniente de México.

Para la nueva ley es delito contratar y hasta llevar en un auto a una persona indocumentada, conociendo su condición migratoria. También las escuelas deberán verificar la situación migratoria de los estudiantes y reportarlos al Estado. En el estado de Georgia, la situación es similar.

Grupos activistas como la “Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles” y la ONG “Southern Poverty Law Center” advirtieron que se trata de la ley más dura de su tipo en todo el país, y adelantaron que irán a la Justicia para pedir su anulación.

Sin embargo, su patrocinador en la Cámara de Representantes, el republicano Micky Hammon, dijo que la ley fue redactada de manera que si alguna de sus partes es considerada anticonstitucional, el resto permanecerá.

También Florida, un Estado con gran número de inmigrantes, endureció este año la legislación contra los ilegales. En mayo pasado, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó sin debate en el recinto la ley SB2040, que le hace la vida más difícil a los indocumentados, ya que habilita a la policía a detener a una persona por un delito menor y entregarla a las autoridades de migraciones si no tiene los documentos migratorios en regla.

La medida es una prioridad del gobernador republicano Rick Scott, quien participó activamente en una campaña a favor de una ley al estilo de la de Arizona para combatir a los inmigrantes ilegales, que llegan en especial a Miami en busca de una vida mejor.

Pero la iniciativa dejó sin efecto el E-Verify, por lo que los empleadores no tendrán la obligación de utilizarlo para comprobar el status migratorio de los trabajadores que contratan.

La iniciativa debe discutirla todavía la Cámara de Representantes, que cuenta con su propio proyecto de ley: la HB 7089, aún más estricta que la aprobada por el Senado, ya que convierte el hecho de ser indocumentado en un delito menor de segundo grado, que podría significar 20 días de prisión la primera vez y 30 la segunda, además de una multa de 100 dólares.

Sin embargo, esto contrasta con la ley federal, que considera la presencia ilegal de extranjeros como una infracción civil, cuyo castigo es la deportación, no la cárcel.

Pero los republicanos quieren ir por más y buscan endurecer la legislación contra los inmigrantes ilegales en todos los Estados Unidos. El senador por Texas, Lamar Smith, propuso que el programa E-Verify sea obligatorio en todo el país y dijo estar seguro de que para ello contará con el apoyo del líder de la Cámara de Representantes, el también republicano John Boehner.

“No tengo dudas respecto a su apoyo, considerando que no existe un plan en el Congreso que cree más empleos para los estadounidenses que este”, sostuvo el congresista, y opinó que desde julio “abrirá puestos de trabajo a millones de desempleados estadounidenses”.

Juan José Gutiérrez, miembro de la organización “Vamos Unidos USA”, afirmó que los republicanos acusan a los indocumentados del desempleo y de ese modo pretenden ganar votos en las elecciones del próximo año. “Esta propuesta (de Smith) viola los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes al despojarlos de toda posibilidad de poder trabajar a menos que los empleadores estén dispuestos a violar la ley”, indicó.

Gutiérrez advirtió que esta medida no beneficiará con votos al Partido Republicano, ya que uno de sus principales grupos de apoyo es el sector empresarial, que emplea a miles de indocumentados como mano de obra barata. “Si se ven privados de esta mano de obra en estos momentos de severa crisis económica, esto va a perjudicar a la nación porque muchos comerciantes se van a ver forzados a tener que cerrar sus negocios y esto va a crear más desempleo en lugar de crear más empleo”, opinó.

Pero estas reformas legislativas en contra de los indocumentados tienen su costo. El presidente del Senado de Arizona y autor de la Ley SB1070, Russell Pearce, tendrá que renunciar a su banca, luego de que el “Movimiento Ciudadano por una Mejor Arizona” reuniera las firmas necesarias para lograr su remoción del cargo.

La organización civil inició la campaña para remover al legislador antiinmigrante basada en cuatro puntos, entre ellos su oposición a la educación pública para todos, por su rechazo a incluir a los hijos de indocumentados en las escuelas del estado.

“Esto garantiza que habrá una nueva elección, y al paso que ellos van (las autoridades), es casi un hecho que la elección será en noviembre”, dijo Chad Snow, dirigente de la organización civil, constituida con el objetivo de forzar la salida de Pearce.

La revocación de Pearce será la primera de un legislador en los 100 años de historia de Arizona como estado. Pero el legislador podrá participar como candidato en los comicios extraordinarios.

Culpables de todo. Los inmigrantes ilegales fueron acusados en los últimos tiempos de ser los responsables de cuestiones tan disímiles como el desempleo y los incendios forestales que ya arrasaron más de 200 mil hectáreas de Arizona y se convirtieron en los peores de toda su historia.

El senador republicano John McCain, ex contrincante de Obama en 2008, acusó a los inmigrantes ilegales de haber provocado los incendios.

“Hay evidencias sustanciales de que algunos de estos incendios han sido provocados por personas que han cruzado la frontera ilegalmente”, declaró McCain, y consideró que la razón de iniciar estos fuegos sería desviar la atención de los agentes de seguridad y así poder atravesar la frontera.

Sus declaraciones motivaron las inmediatas críticas de la comunidad hispana. El activista de los derechos humanos Randy Parraz opinó que las declaraciones del senador son “imprudentes y sin sentido”. Y dijo que debería presentar pruebas pero “es más fácil avivar las llamas de la intolerancia, especialmente en Arizona”.

La esperanza de los estudiantes. La “Dream Act” es un proyecto de ley que podría regular el status migratorio de miles de estudiantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años y que vivieron allí en forma permanente durante al menos cinco años. Para ello deberían cumplir ciertos requisitos, como no tener antecedentes penales, cursar dos años de estudios superiores o alistarse en las Fuerzas Armadas.

Luego del intento fallido de tratamiento legislativo el año pasado, Obama insistió semanas atrás en el proyecto. “Yo pondré de mi parte para propiciar un debate constructivo y civilizado sobre estos temas. Pero este cambio debe ser impulsado por ustedes, el pueblo estadounidense. Deben ayudar a exigir una reforma integral y deben identificar los pasos que podemos dar ahora mismo, como la Ley de los Sueños… asuntos sobre los que podemos encontrar un terreno común entre demócratas y republicanos”, sostuvo el mandatario.

El senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez admitió que la aprobación de esa iniciativa no será una tarea sencilla, pero dijo que igual luchará por ella. “La realidad es que quizá por medio de enmiendas de proyectos que son enviados de la Cámara de Representantes al Senado existe la posibilidad de incluir por enmienda la ‘Dream Act’ y tenemos que ver. Pero si no planteamos lo que queremos, nunca lo vamos a lograr y no vamos a tener un movimiento para lograr los votos”, señaló.

Hace menos de un mes, la Cámara de Representantes de Illinois aprobó una versión local del “Dream Act”, con 61 votos a favor y 53 en contra. El proyecto crea un fondo de becas, financiado y administrado por voluntarios, al que podrán acceder los jóvenes inmigrantes indocumentados que deseen continuar sus estudios de educación superior. También plantea otorgarles permisos de conducir para que puedan trasladarse hasta sus escuelas.

“Este esfuerzo por lograr una ‘Dream Act’ local muestra que Illinois no es sólo un estado amigable con el inmigrante, sino que lidera a líder nacional un movimiento justo, humano y hacia situaciones prácticas en esta materia”, declaró la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados mediante un comunicado.

Illinois, cuya capital es Chicago, es el cuarto Estado del país con el mayor número de inmigrantes indocumentados: 800.000, según datos del Departamento de Seguridad Interior.

El negocio de la falsificación. “La apariencia de tener status legal” otorga a los indocumentados “acceso y oportunidades a los que no tienen derecho”, admitió el director de la oficina de inmigración ICE, John Morton.

El funcionario se refería al gran negocio que montaron algunos mediante la falsificación de la documentación para inmigrantes ilegales, aprovechando la desesperación y la situación de vulnerabilidad de millones de personas.

“La avaricia de las organizaciones delictivas por sacar el mayor provecho de los negocios ilícitos y enriquecerse a cualquier costo es lo que mueve a estos criminales”, afirmó Bárbara González, vocera de la ICE para la zona sudeste del país.

Este año se dio un duro golpe a estas organizaciones y se logró la detención de varias personas. Entre los principales operativos contra las redes criminales figura la denominada “Operación Falange”, que se realizó en Virginia y permitió desmantelar una banda de falsificadores de documentos con base en México, que operaba en 19 ciudades en once estados. La banda no sólo producía y distribuía falsificaciones de todo tipo de documentación, como tarjetas del seguro social, licencias de conducir y documentos laborales, sino que también secuestraban, golpeaban y asesinaban a sus enemigos.

El precio de los documentos falsificados que vendían dependía de la localidad, pero el costo medio de las credenciales falsas de Residente Extranjero y de Seguridad Social era de entre 150 y 200 dólares. Desde enero de 2008 hasta noviembre de 2010 los miembros del grupo criminal lograron enviar a México más de un millón de dólares de ganancias obtenidos mediante este negocio ilegal.

Contra las leyes antiinmigrantes. La presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, reprobó las leyes antiinmigrantes sancionadas en los estados de Arizona y Georgia, por considerarlas “inaceptables y contrarias a la esencia de Estados Unidos”. “Los demócratas, bajo el liderazgo del presidente Obama, apoyan una reforma de inmigración integral, queremos asegurarnos de que podemos encontrar una manera para dirigirnos a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que están aquí, en este país”, afirmó.

Por su parte, la también demócrata Zoe Logfren denunció que el proyecto de ley republicano que obligaría a corroborar en una base de datos el estado migratorio de los trabajadores tendrá costos multimillonarios al fisco y destruiría millones de empleos.

Hacia el 2012. Con los reclamos crecientes de los hispanoparlantes y su mente ya puesta en su reelección, Obama comenzó a involucrarse personalmente en el tema y ya mantuvo reuniones con funcionarios, empresarios, sindicalistas, dirigentes de varios sectores y expertos en migraciones para pedirles que comiencen a activar el debate sobre una nueva legislación en la materia.

Por eso incluyó a una mujer latina en el primer video de campaña con el cual dio comienzo formal a su candidatura para 2012. Entre sus numerosos seguidores aparece Gladis, de Nevada, quien asegura que las preocupaciones de la comunidad son las mismas que las del resto del país: “Queremos que los niños vayan a la escuela, se gradúen, que existan trabajos y oportunidades”. Y destaca que “todavía hay muchas cosas pendientes, que necesitan ser enfrentadas”. Entre esas “cosas pendientes” está por supuesto la reforma migratoria.

Las encuestas revelan que Obama cuenta hoy con el apoyo del 55% del electorado latino, doce puntos menos que lo que había logrado cuando llegó a la Casa Blanca en 2008, según datos de la consultora Zogby Internacional.

“El Presidente necesitará más del 67% para ganar. Y creo que lo que él no logre para animar a los latinos a que le voten, lo harán los republicanos”, adoptando posturas de extrema derecha, opinó el presidente de la compañía, John Zogby.

Pero los republicanos insistieron en que no están dispuestos a aprobar ninguna iniciativa que flexibilice el trato a los ilegales o que pretenda incluir una amnistía o legalización de millones de ellos, y advirtieron que cualquier proyecto en ese sentido morirá apenas entre al Capitolio.

“Se está viendo un movimiento conservador republicano que no está prestando atención al voto latino”, afirmó Juan Carlos Ruiz, director ejecutivo de “Latino Action Coalition”, y advirtió que ese sector “usa la discriminación y el racismo para poder movilizar a los votantes dentro del partido”. “En cada Estado donde hay un liderazgo republicano los ataques contra los inmigrantes se están haciendo mucho más fuertes”, agregó.

La comunidad latina es consciente de que su voto tendrá un peso político que puede ser definitivo en las presidenciales, y por eso se pone cada vez más firme en sus reclamos. “No habrá reforma antes de las elecciones, pero necesitamos más liderazgo del presidente cuando se habla de este tema. Él no ha intervenido para cambiar el tono de la retórica con la que se trata a los inmigrantes”, aseguró María Teresa Kumar, directora ejecutiva de la organización no gubernamental “Voto Latino”.

En los comicios legislativos del año pasado participaron 6,6 millones de hispanos, un millón más que en las elecciones de 2006, según un estudio de “Pew Hispanic Center”. Sin embargo, los latinos fueron el grupo con la tasa de participación más baja entre todas las etnias debido a dos factores clave: la juventud de la población hispanohablante –que no tiene derecho a voto- y el hecho de que muchos adultos no tienen ciudadanía y no pueden votar. Un tercio de los hispanos son menores de edad y otro 22% no tiene la ciudadanía estadounidense.

Los hispanoparlantes serán clave en la definición de la próxima elección presidencial en Estados Unidos.

El resultado de los comicios dependerá en gran medida de que se imponga en el electorado la idea de que los indocumentados son los responsables de la inseguridad y del alto nivel de desempleo, o que se vote finalmente una nueva ley de migración que permita incluir a millones de personas en el sistema y hacer que ellas, con su voto, mantengan a los demócratas en la Casa Blanca.