Otras dos denuncias recalaron en los despachos de los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres. Estela de Carlotto dijo que sólo la une a Bonafini “el dolor” por la pérdida de un hijo. Y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, se distanció de la titular de Madres al afirmar que la Corte “es independiente”.

Un fiscal federal impulsó este mediodía la primera de las denuncias presentadas contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por “amenazas e incitación a la violencia”.

Se trata del fiscal Gerardo Di Massi, quien dictaminó que debe abrirse una investigación penal en base a la denuncia de un abogado particular, en una causa que quedó a cargo del juez Claudio Bonadio.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, declaró hoy que no comparte nada con Hebe “salvo el dolor”, y el canciller Héctor Timerman, por su parte, dijo que lo central en esta discusión es la Ley de Medios, “no el discurso de Hebe”.

En una muestra del completo aislamiento de la dirigente de Madres, el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, se distanció de Hebe al señalar que no está de acuerdo con lo que dijo. Y apuntó que, para él, “la Corte es independiente”.

Según fuentes judiciales, Bonadío evalúa, en primer lugar, pedir a los canales de televisión las grabaciones de los dichos de Bonafini, con miras a ratificar lo ocurrido y preservar prueba.

La denuncia había sido presentada por el abogado Denis Pitté Fletcher, luego del discurso de Bonafini donde llamó a tomar los tribunales durante el acto oficialista a favor de la Ley de Medios.

El máximo tribunal del país tiene a estudio una apelación del Gobierno contra una medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo que obliga a desprenderse de licencias de radio y TV incompatibles según la nueva legislación.

Pero todo indica que la Corte no anulará la medida cautelar, porque debe atenerse a su jurisprudencia histórica que indica que nunca revoca este tipo de medidas sino que se pronuncia sobre sentencias de fondo dictadas en primera instancia y aún pendiente, cuando se considera que no hay un gravamen irreversible.

El letrado acusa a Bonafini de delitos que prevén hasta diez años de cárcel cuando las amenazas “tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.