La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales debió guardar el guante por una decisión comunitaria que le da oxígeno a París. Cómo sigue el conflicto.
La Comisión Europea optó por el apaciguamiento frente a la Francia de Nicolas Sarkzoy al condicionar la apertura de un expediente con sanciones por las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros a que París presente antes del 15 de octubre un borrador legislativo de rectificación.
Para llegar a una decisión que claramente satisface al Palacio del Elíseo (Gobierno galo), el Ejecutivo comunitario debió gastar dos horas de intensos debates sobre las presuntas infracciones de Francia a la legislación comunitaria.
Al final, no sólo la Comisión le concedió a París dos semanas más de plazo para ponerse a tono con la ley, sino que renunció a abrir el otro procedimiento por discriminación, políticamente muy grave, que Viviane Reding, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, creía inevitable.
Enfurecida hace un par de semanas por cómo Francia le había robado información sobre las expulsiones de los gitanos rumanos y búlgaros, Reding expresó su frustración con la polémica evocación de los hechos ocurridos en la II Guerra Mundial antes de concluir: “Estoy personalmente convencida de que la Comisión no tendrá otra salida que abrir procedimientos de infracción contra Francia: por una aplicación discriminatoria de la directiva de Libertad de Movimiento y por no haber traspuesto las garantías procesales y sustantivas de la directiva de Libertad de Movimiento”.
Se refieren esas garantías, entre otras, a que la decisión de expulsión pueda ser recurrida ante la justicia o que la orden de repatriación quede sin efecto mientras el juez analiza el caso.
Después del grave enfrentamiento en el Consejo Europeo, cuando Sarkzoy y el presidente de la Comisión se cruzaron en una discusión muy subida de tono, el Ejecutivo comunitario le bajó definitivamente los humos a la vicepresidenta Reding.
El titular de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, adhirió a la posición de Sarkozy, que le había hecho saber que la apertura de un procedimiento de infracción a Francia por discriminación sería considerada como una declaración de guerra porque él personalmente está dispuesto a hacer lo necesario para acomodarse a las exigencias del derecho comunitario sin ser públicamente dejado en evidencia.
Así que no habrá procedimiento de infracción por discriminación -el de más calado político, por atentar contra los valores de la Unión Europea- y sí sólo una advertencia de que se le abrirá otro expediente a Francia por la pura cuestión técnica de no haber convertido todavía en derecho positivo francés las garantías definidas a grandes rasgos en una directiva de 2004.
“Francia no incorporó a la legislación nacional la directiva de Libre Circulación”, explicó luego Reding en su visita a dos comisiones del Parlamento Europeo. “La Comisión decidió hoy que enviará a Francia una carta de emplazamiento [primer paso de un proceso de sanciones] solicitando la plena trasposición de la directiva a menos que antes del 15 de octubre proporcione un borrador de la trasposición y un detallado calendario de trasposición”. Un borrador legislativo y un calendario de aplicación, a eso se reduce ahora el conflicto con Francia. “Si lo hace, no necesitaremos actuar”, agregó Reding.
A los eurodiputados les interesaba más el aspecto discriminatorio de la legislación francesa, puesto en evidencia por la circular de agosto que marcaba como objetivo principal de las repatriaciones a los gitanos rumanos. “Era un caso claro de discriminación”, enfatizó la comisaria ante los eurodiputados.
Pero Francia retiró la prueba incriminatoria y la sustituyó por otra a mediados de septiembre que creó una nueva situación. “No tenemos pruebas de discriminación para ir al Tribunal de Justicia”, reconoció ahora Reding.
De ahí la decisión de profundizar en los hechos, para actuar con solvencia jurídica. Recordó la comisaria cómo las autoridades francesas “al más alto nivel político” aseguraron que las medidas de este verano no iban dirigidas contra ninguna minoría étnica en particular, que se han comprometido a aplicar sin discriminación de ningún tipo la legislación comunitaria y a trabajar con la Comisión para resolver los problemas que puedan existir.
“Las declaraciones políticas genéricas sobre garantías no son suficientes”, criticó Reding. “Tenemos que comprobar los hechos y por eso hemos enviado hoy una carta a las autoridades francesas pidiendo detalles muy concretos de cómo se aplica la nueva circular, por ejemplo con copias de las órdenes de expulsión y como se han aplicado a cada personas de forma individual”.
Siempre política y peleadora, Reding salió al paso de quienes consideran que la Comisión sacó bandera blanca ante Francia y se agarró a lo puramente formal como a un clavo ardiendo. “Hoy se han tomado dos decisiones: abrir un caso [supeditado a lo que ocurra de aquí al 15 de octubre] y continuar las investigaciones en el otro”, resumió la vicepresidenta en la Eurocámara. “Es la primera vez que se ha abierto un procedimiento sobre principios fundamentales. No infravaloren las decisiones de hoy”, reclamó.