Este 11 de mayo vence el plazo otorgado por el máximo tribunal para que arribaran a una solución compartida por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña

Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo en torno a los fondos coparticipables correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña y ahora deberá decidir la Corte Suprema, que fue acusada de “injerencia indebida” por parte de 17 gobernadores que exigen que la Capital Federal resigne el dinero que le fue aumentado durante la presidencia de Mauricio Macri.

La Corte les había dado a ambos partes una prórroga de 15 días que vence este miércoles. Sin embargo, no hubo acuerdo entre ambas posturas.

La Nación insiste en que la transferencia de recursos para la Policía que hizo en su momento Macri fue de casi el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos. Durante la gestión de Cambiemos, la Ciudad pasó de recibir de 1,4% de la coparticipación al 3,75%, aunque luego el propio Macri redujo esa cifra al 3,5%.

La Ciudad, que presentó un amparo contra el decreto 735/2020 de Alberto Fernández que retrotrajo la coparticipación porteña a 1,4%, insiste en que el recorte implicó una quita de 120 mil millones de pesos.

Mientras tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en la causa.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.

En ese marco, los gobernadores advierten que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron el documento.

Asimismo, los gobernadores afirmaron: “Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”.

“Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, concluyeron.

Los firmantes son: Axel Kicillof, Buenos Aires; Raúl Jalil, Catamarca; Jorge Capitanich, Chaco; Mariano Arcioni, Chubut; Gustavo Bordet, Entre Ríos; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Ziliotto, La Pampa; Ricardo Quintela, La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, Misiones; Gustavo Sáenz, Salta; Sergio Uñac, San Juan; Alberto Rodríguez Saá, San Luis; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Omar Perotti, Santa Fe; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo, Tucumán.

Una veintena de provincias aprobó la semana pasada el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.