La fiscal Celsa Ramírez busca establecer si se superó el máximo de espectadores permitidos el último sábado y envió a recolectar pruebas a las oficinas del estadio.

La Bombonera corrió la misma suerte que otros estadios de la Ciudad y este martes fue allanada por la fiscalía a cargo de eventos masivos que encabeza Celsa Ramírez, con la actuación del juez Javier Buján.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial secuestraron pruebas como molinetes, cámaras de seguridad y documentación para esclarecer si se superó el aforo máximo permitido en el encuentro entre Boca y Lanús del pasado sábado por la Liga Profesional.

Con 26.500 lugares habilitados (el 50 por ciento de la capacidad total), quedaron dudas sobre la cantidad de público que acudió a la cancha de Boca al comparar las populares cerca del máximo y las plateas con claros.

Así se abrió de oficio la investigación por “exceso de concurrencia y omisión de recaudos” mientras que la dirigencia “xeneize” asegura que ni siquiera se llegó al tope permitido, estimando que se cubrió solo el 46 por ciento.

Esta vez, para asegurar que no se pierdan elementos de prueba, el juez estableció una clausura preventiva por cinco días, tal como sucedió con Nueva Chicago, de la totalidad del estadio pero finalmente se circunscribió a las oficinas. A River, en cambio, se lo intimó a presentar más pruebas en 48 horas.

Los dirigentes de Boca se sumaron a los imputados por violación del decreto presidencial y resistencia a la autoridad como los de River tras el Superclásico y los de Vélez en su duelo con Independiente.

A estos se añaden las investigaciones a Nueva Chicago por el acto proselitista del presidente Alberto Fernández y nuevamente el Monumental por Argentina-Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas.

En este último caso, como en Boca, también se investiga la existencia de entradas adulteradas.