Fue condenado a 18 años de prisión por secuestro extorsivo pero lo beneficiaron con la prisión domiciliaria por el riesgo de contagio.

En medio de la polémica desatada por la liberación de personas detenidas con riesgo de contagio de coronavirus, un preso que había sido beneficiado con la prisión domiciliaria fue atacado por sus vecinos en Esquel, que quisieron lincharlo.

El hecho ocurrió en esa ciudad cordillerana de Chubut y quedó registrado en un video que fue rápidamente viralizado en las redes sociales.

El pasado 27 de abril, Pablo Sommaruga, condenado en 2004 por un caso de secuestro extorsivo, fue trasladado a su casa bajo la custodia de  personal policial. Sin embargo, al bajar del vehículo, un grupo de vecinos comenzó a agredirlo, lanzándole puñetazos y piedras.

Sommaruga recibió un corte en su cabeza y “golpes por todos lados”, según declaró luego al portal ESQnoticias.

Los efectivos penitenciarios debieron devolverlo al penal Nº 14 de Esquel, donde cumplía una pena de 18 años y ya había sido autorizado para salidas transitorias.

El hombre aseguró a la prensa que no es un violador ni tampoco tiene un perfil de asesino, y que fue beneficiado por la justicia por su buen comportamiento.

También contó que la semana próxima será padre y que su esposa está actualmente “en el hospital, con contracciones”. 

“Entiendo que la gente esté loca por la situación, pero quiero aclarar que no estoy detenido por violación ni delitos contra niños. Cometí errores pero los pagué ante la Justicia”, insistió.

Tal como ocurre en otros países, en Argentina se están siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre tomar medidas sanitarias en los penales y otorgar excarcelaciones y la prisión domiciliaria para descomprimir los establecimientos correccionales.

De esa manera, se pretende evitar el contagio masivo de internos y personal penitenciario, pero las reacciones negativas a la medida no cesan.

“Campaña malintencionada”. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández aseguró que existe una “campaña malintencionada” provocada desde los grandes medios y las redes sociales para acusar al Gobierno de “facilitar una liberación masiva de presos”.

El primer mandatario volvió a aclarar que la decisión está en manos de la Justicia, otro poder del Estado, y responde a las recomendaciones de los organismos internacionales.  

“El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”, manifestó.