El autoproclamado presidente encargado visitó Quito en el marco de su gira por los países de la región que lo reconocieron. La crisis, en un punto clave.

El regreso a Venezuela de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente encargado, supone un desafío y una prueba para Nicolás Maduro el mandatario considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y los principales países de la región.

Después de haberse ido del país a pesar de la decisión en contrario del Tribunal Supremo, en manos del chavismo, Guaidó salió de gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en donde los gobiernos lo acogieron, con matices, como si se tratara del un mandatario en funciones.

Este sábado, en Quito, el joven dirigente opositor dobló la apuesta, dijo que volverá a Caracas y desafió a Maduro: dijo que encarcelarlo sería “el último error” del régimen.

No obstante, en Venezuela la situación política pende de un hilo. Las decisiones del chavismo y las de la oposición ante el inminente regreso de Guaidó marcarán cómo será el futuro de la crisis política después de una semana de “impasse” que le dio oxígeno a Maduro, tras los incidentes en la frontera con Colombia por el rechazo de la ayuda humanitaria.

El presidente de la Asamblea Nacional anunció el sábado por la noche su intención de volver a Venezuela, sin aclarar cuándo, y este domingo convocó a una concentración en todo el país para hoy, lunes, en pleno carnaval, sin concretar tampoco el momento exacto de su ingreso.

La oposición confía en que Guaidó reactive así el entusiasmo de sus seguidores, aunque las consecuencias de esa decisión son aún una incógnita.

En un mensaje difundido en la noche del domingo desde un lugar sin precisar, Guaidó aseguró que si Maduro decide detenerlo y encarcelarlo sería “el último error que cometan”.

Guaidó salió del país el pasado 22 de febrero. Sus movimientos, decididos sobre la marcha y comunicados con cuentagotas, lo llevaron primero a Colombia para liderar el intento frustrado de introducir material médico y alimentos a través de la frontera.

De allí se fue a recorrer la región para entrevistase con los presidentes que más lo han apoyado y para buscar un contrapeso al protagonismo de la Administración de Donald Trump en la crisis.

Maduro y los principales dirigentes chavistas han sugerido en los últimos días que el líder opositor debe enfrentarse a la justicia. Nadie ha pedido abiertamente su detención y fuentes de la cúpula del gobierno aseguraban esta semana que la intención es “evitar caer en provocaciones”.

Seguramente, el sucesor de Hugo Chávez tomará la decisión final en el último momento tras consultar con un pequeño grupo de colaboradores.

Entre las opciones que se barajan cabe la posibilidad de que las autoridades migratorias le impidan la entrada a Venezuela y, en un intento de “ningunearlo”, el Gobierno lo condene a una especie de destierro a la espera de que el proceso que puso en marcha se enfríe.

El aparato de la seguridad estatal puede detenerlo porque técnicamente es un fugitivo. Esta hipótesis remite al caso de Leopoldo López, principal impulsor de Guaidó y líder de su partido, Voluntad Popular, detenido en 2014.

Una decisión así tendría repercusiones internas y externas imprevisibles, que van del estallido de un nuevo ciclo de protestas al endurecimiento del cerco diplomático o a una reacción más contundente de Washington, que nunca ha dejado de agitar el fantasma de una intervención militar.

Si finalmente logra entrar al país estará obligado a retomar la iniciativa. No puede cometer errores ni tampoco regresar al escenario previo al 23 de febrero: él y sus “sponsors” dieron un paso adelante con la gira, un salto cualitativo, y ya no tienen retorno.

De alguna manera, el reto de Guaidó pasa por lograr hechos concretos que logren avanzar en una salida a la crisis y mantener viva la esperanza de los amplios sectores de la sociedad que se entregaron a su causa.

El desafío del presidente de la Asamblea Nacional para desalojar a Maduro tuvo un impulso inicial que hizo pensar en un giro inminente. Sin embargo, casi un mes y medio después de que se declarara presidente interino, bajó la intensidad de la confrontación y en las filas opositoras cunden los temores de que este proceso acabe en la enésima falsa alarma.

“Impasse” es una de las palabras que más acompañan la conversación sobre la situación de Venezuela, junto a “bloqueo”, “estancamiento” o incluso “retroceso”. Depende del optimismo de los interlocutores.

23.F. El error de cálculo más evidente se remonta al propio 23 de febrero. El intento de llevar ayuda a los venezolanos más vulnerables se convirtió en un instrumento político para debilitar al chavismo.

Pese a tener la partida casi ganada (algunos cargamentos ya se encontraban en territorio venezolano) se generaron unas expectativas demasiado altas y se subestimó al chavismo.

La mayor parte de la oposición estaba convencida de que el costo de un escenario violento pesaría sobre ellos. Más aún cuando Diosdado Cabello, en la víspera, sugirió que estaban dispuestos a dejar entrar la ayuda. “Quien quiera comer comida disecada es su problema”, llegó a decir.

El chavismo, sin embargo, desplegó su artillería, no solo las fuerzas de seguridad, para reprimir las protestas. Hasta la frontera se desplazaron colectivos armados que intervinieron después tras una fase inicial liderada por la Guardia Nacional y, posteriormente, la Policía Nacional Bolivariana.

Para garantizar que se respetarían las directrices de Maduro y prevenir cualquier fricción, el chavismo movilizó en cada punto fronterizo una suerte de comisario político, como fueron los casos de la ministra de Prisiones Iris Varela o del exministro y coordinador de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal.

La violencia desactivó el operativo, a pesar de que la oposición barajaba la posibilidad de introducir la ayuda a través de pasos fronterizos informales, a lo largo de las trochas, como ocurre a diario.

A eso se añadieron los desórdenes producidos por militantes violentos, los llamados “guarimberos”, cuya presencia fue reconocida por los propios opositores. Y algunos episodios que afectaron a la imagen de Guaidó como la detención del expreso político Lorent Saleh.

Después de una jornada marcada por los enfrentamientos en la frontera, Guaidó, a través de un tuit, aseguró que plantearía a la comunidad internacional que dejase abiertas “todas las opciones para lograr la liberación de Venezuela”, lo que se interpretó como un pedido de una intervención militar y una claudicación ante los sectores más radicales de la oposición y el ala dura de Estados Unidos, los llamados “halcones” de Trump, liderados por el consejero de Seguridad, John Bolton.

El revuelo que generaron sus palabras obligó a Guaidó a matizar su mensaje y, aunque en su entorno defienden que no quería agitar el fuego y que incluso hacía referencia a la posibilidad de sentarse a negociar con el chavismo. ya era tarde.

Poco después, uno de los líderes de la oposición en el exilio, Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, aseguró que durante la cita del organismo prevista para el día siguiente exigirían “una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”.

Ni siquiera el Gobierno de Colombia, que junto con Washington es el principal aval de la oposición en el tablero internacional, recogió el guante. El Grupo de Lima descartó esa posibilidad y solo la Administración Trump volvió a insistir en dejar todas las puertas abiertas, incluida la militar, la que es evidente que no cuenta con ningún apoyo fuera de Washington.

Los sectores más radicales, con María Corina Machado a la cabeza y alentados por muchos venezolanos en el exilio de Miami o Washington, presionan y avivan esta alternativa.

El cerco de Estados Unidos se concreta con sanciones directas e individuales a la cúpula del chavismo y al alto mando militar y la oferta de incentivos (visados o desbloqueo de las cuentas) a cambio de abandonar a Maduro.

Por ahora, este camino ha resultado ineficaz o, al menos, insuficiente. Alrededor de 700 oficiales y soldados han desertado desde el pasado 23 de febrero, cifra que puede parecer significativa y que, sin embargo, se queda en anécdota ante los números de las fuerzas armadas venezolanas, que cuentan con cerca de 250.000 efectivos.

Uno de los objetivos de la gira de Guaidó de esta semana era pedir a los mandatarios con los que se entrevistó que adopten sanciones concretas contra Maduro y su entorno para ahogarlo.

En un principio se valoró también la posibilidad de que Guaidó viajase a Europa,para lograr una minicumbre en la que estuvieran presentes, al menos, Alemania, Francia y España.

La Unión Europea es vista por ambas partes como una vía para lograr una salida pacífica y diplomática a la crisis. La oposición quiere que el Grupo de Contacto que puso en marcha la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dé pasos más rápidos y concretos ante una eventual negociación con el chavismo.

Al chavismo le permitiría no tener que ceder ante Estados Unidos, aunque dan por hecho que cualquier acuerdo con la oposición pasa por tener el visto bueno de la Casa Blanca.