Los Estados Unidos pueden vanagloriarse de ser el único sistema republicano constitucional ininterrumpido por casi 250 años. Ningún otro país del planeta puede reclamar ese lugar.

Un cuidadoso entramado de chequeos y balances entre los tres poderes en los que se divide el gobierno están destinados precisamente a controlar al Presidente que los fundadores de la república querían que se pareciera lo menos posible a un monarca absoluto. Hasta que llegó Donald Trump.

Muy probablemente, John Adams, Benjamín Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, los considerados “padres fundadores” de los Estados Unidos, ni se hubieran imaginado que 242 años después de la declaración de la Independencia la Presidencia sería ocupada por un señor muy poco ilustrado pero con tendencias definitivamente alejadas del republicanismo sobre el que se fundó el país en 1776.

En las últimas horas, Trump volvió a poner a prueba la credulidad de sus conciudadanos al afirmar que, como Presidente, el no sólo tiene el poder de detener cualquier investigación que lo involucre sino que también tiene el derecho de perdonarse a sí mismo.

Ni Luis XIV, el presunto autor de la frase “el Estado soy yo”, se había animado a tanto, aunque es justo pensar que probablemente eso se debió a que nadie hubiera osado investigar al poderoso Rey Sol.

Trump está, casi desde el nacimiento de su tumultuosa gestión, siendo investigado por los lazos entre su campaña electoral y los esfuerzos rusos por hackear e intervenir en el proceso electoral en su favor y en contra de la demócrata Hillary Clinton.

Y mientras la investigación, encabezada por el fiscal especial Robert Mueller III, avanza inexorablemente y ya ha logrado procesar a varios allegados al jefe de la Casa Blanca, Trump no ha hecho más que ventilar su frustración en sus habituales tuits contra el FBI, el fiscal y su propio ministro de Justicia (General Attorney) Jeff Sessions, quien se inhibió de participar en la investigación debido a sus propios contactos con los rusos cuando era un miembro del comité de campaña de Trump.

Mientras el país enfrenta dos guerras (Afganistán y Siria) una guerra comercial con sus principales aliados (Europa, México, Canadá, Japón), otra contra China, una reabierta disputa nuclear con Irán y una incierta negociación con Corea del Norte, el principal tema de desvelo de Trump es la investigación que podría, en teoría, culminar con su “impeachment”.

Como ya es una costumbre, en la mañana del martes 5 Trump metió mano a su cuenta de Twitter para decir que “la Farsa Rusa, la caza de brujas, continúa, todo porque Jeff Sessions no me dijo que se iba a recusar … Hubiera elegido rápidamente a alguien más. Se ha desperdiciado tanto tiempo y dinero, tantas vidas arruinadas … ¡y Sessions sabía mejor que nadie que no había colusión!”

Una extraña afirmación para alguien que afirma ser inocente y más extraña aún su interpretación de cómo debería funcionar una República. Para Trump, su ministro de Justicia debería defenderlo y evitar cualquier investigación. “Si sabía que se recusaba no lo nombraba” es quizás la frase que mejor refleja la catadura moral de Trump.

El nerviosismo del mandatario estadounidense se debe a que las balas de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 están picando cerca de la Casa Blanca. Mueller, quien fue nombrado después de que Sessions se recusara, ha presentado hasta el momento cargos contra 22 personas o empresas, todas allegadas al Presidente.

El principal implicado es el uno de los jefes de campaña de Trump, Paul Manafort, un oscuro personaje con vínculos con dictaduras africanas y gobiernos de Europa Oriental, entre ellos Ucrania, que ya ha sido acusado de 23 cargos diferentes, incluidos los de conspiración, lavado de dinero y fraude.

Y este lunes 4, Mueller lo acusó de otro delito: manipulación de testigos. Aparentemente, Manafort utilizó aplicaciones de mensajería cifradas y un intermediario para comunicarse con dos ex socios comerciales para pedirles que testificaran falsamente.

Manafort espera un indulto presidencial si es condenado, aunque aún no hay evidencia de que le hayan prometido uno, pero es esperable que suceda ya que en su impulso imperial Trump insiste en que su poder para perdonar se extiende a todos, incluso a él mismo.

El mismo Trump tuiteó el lunes que tenía “el derecho absoluto” a perdonarme a sí mismo, “pero ¿por qué iba a hacer eso cuando no hice nada malo?”, se preguntó.

Obviamente la afirmación ha horrorizado a muchos legisladores de ambos partidos a quienes les cuesta creer que un Presidente pueda sostener que tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo si es condenado, lo que lo pondría por encima de la ley y de facto acabaría con la división de poderes constitucionales.

Ante la tormenta que se desató por tamaña afirmación, el abogado del presidente y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dijo que “si un presidente fuera tan tonto como para perdonarse a sí mismo, esa sería una declaración de poder tan arrogante que la Cámara (de Representantes) probablemente lo acusaría en una semana y el Senado lo condenaría”, estimó.

En este sentido, Eugene Robinson, de The Washington Post, no titubeó este martes en afirmar que “el presidente Trump es un mentiroso que encubrió la colusión entre su campaña y los rusos, trató de descarrilar una investigación federal y afirma estar por encima de la ley como un dictador de cuarta”.

Robinson sostiene además que “(No deberíamos) distraernos con la espectacularidad y la bufonada de Trump. Hay que ver en cambio la esencia de lo que está tratando de hacer: librarse de una posible destitución al subvertir el estado de derecho y potenciar el tribalismo a expensas de la ciudadanía”.

Una carta confidencial del 29 de enero dirigida por el equipo legal de Trump a Mueller III, revelada el sábado pasado por el New York Times, brinda abundantes nuevas pruebas -como si se necesitaran más- de la completa desvergüenza del Presidente y su desprecio por el estado de derecho.

En las últimas horas la discusión de los abogados de Trump y el fiscal Mueller está centrada en si el ocupando del Salón Oval se prestará voluntariamente a declarar o si deberá ser citado por la fuerza.

En este sentido el único antecedente que existe de un fiscal especial citando a declarar a un presidente en ejercicio ocurrió en julio de 1998 cuando el fiscal Ken Starr citó a Bill Clinton por el caso Mónica Lewinski. Después de la citación, Clinton negoció responder preguntas en la Casa Blanca, sin tener que ser llevado a un tribunal para hacerlo.

Qué pasará ahora con Trump es imposible de predecir y el caso podría llegar incluso a la Corte Suprema si éste recibe una citación y decide no acatarla.

Trump, un millonario agente inmobiliario y celebridad televisiva está poniendo ahora a prueba los sabios mecanismos diseñados por un puñado de hombres ilustrados al promediar el siglo XVIII para enfrentar el absolutismo monárquico europeo.

El show continúa. Y parece que aún no hemos visto nada.